El gobierno nacional habría tomado la decisión política de resolver la situación de crisis que vive la principal cooperativa lechera del país. Como primera medida la incorporó a la moratoria de Afip, por otra parte analizan la posibilidad de desbloquear el cobro de cerca de 18 millones de dólares de exportaciones a Venezuela impuesto por el Fondo Monetario Internacional, como así también la posibilidad de financiamiento con tasas bajas para recuperar materia prima para la puesta en marcha la capacidad productiva que tiene la empresa.
“Estamos poniendo de nuevo a la economía social en el lugar que debe tener”, aseguró Mario Cafiero, titular del INAES, sobre el estado actual de las organizaciones de la economía social y el papel que cumplirán en el nuevo esquema de política económica.
Estamos trabajando mucho para el saneamiento y puesta en valor de Sancor, que es un ejemplo de cómo una cooperativa puede estabilizar el mercado lácteo y de quesos. La salida de Sancor del mercado significó el avance de sectores con prácticas casi monopólicas.
Miremos los precios de esos productos y nos vamos a dar cuenta enseguida. La idea de que Sancor sea una cooperativa importante en materia de estabilización de precios es importante para el Estado.
Si bien la situación de Sancor es crítica, “pensamos que con el apoyo de un gobierno al que le interesa la economía social podemos sacarla adelante. Estamos trabajando con distintas variantes. El primer paso importante fue que la Afip la incluyera dentro de la moratoria que se votó por la ley de solidaridad.
La ley no incluía expresamente a las cooperativas, pero se interpretó que, como era una asociación sin fines de lucro, le correspondían los beneficios. Eso le permitió resolver el tema impositivo, una parte importante de sus problemas.
Buscan destrabar el cobro de 18 millones de dólares
Por otra parte el presidente de Sancor José Gastaldi, habría comentado al Ministro de la Producción de la Provincia, Daniel Costamagna que están gestionando el desbloqueo impuesto por el Fondo Monetario Nacional para el cobro de cerca de 18 millones de dólares al gobierno de Venezuela, que habrían quedado pendiente del fideicomiso del Banco Nación en el marco del convenio de exportación suspendido como parte de las medidas adoptadas por el anterior gobierno.
El cobro de ese monto, sumado a algún financiamiento a tasas accesibles que podría otorgar el gobierno nacional, permitiría un desahogo importante para poner en funcionamiento a la cooperativa de manera sustentable la totalidad de las plantas que funcionan en Sunchales, Gálvez, San Guillermo, Balnearia, Devoto y La Carlota.
