La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe fijó postura en torno al polémico mecanismo adoptado por la Iglesia Católica para recibir denuncias sobre abusos sexuales sin le necesaria intervención del Estado y la Justicia.

En un comunicado difundido este domingo, el organismo defensor de la infancia aclaró que el abuso sexual “es un delito definido por el Código Penal (…) y como delito, en cualquiera de sus modalidades típicas, debe ser investigado por la Justicia, que es el poder estatal con competencia para ello y cuya función es indelegable”.

“Instamos a que todo anoticiamiento de situaciones de abuso y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sea canalizado a través de las instituciones del Estado encargadas tanto de la investigación, juzgamiento y penalización de estos hechos y sus responsables, como del acompañamiento a las víctimas”, añadieron desde el organismo que preside la defensora Analía Colombo.

La polémica salió a la luz a partir de una denuncia penal realizada por el abogado Carlos Ensinck contra los arzobispos de Santa Fe Sergio Fenoy y de Rosario Eduardo Martin por “usurpación de funciones del Estado”. A los religiosos los acusaron de promover el envío de informes privados sobre abusos sexuales cometidos dentro de la propia Iglesia y hacer a un lado al Poder Judicial.

CHIALVO: “LE PEDIMOS AL ARZOBISPADO GARANTÍAS DE QUE LA DOCUMENTACIÓN SOBRE ABUSOS LLEGUE A LA JUSTICIA PENAL”
 

El comunicado completo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes:

Respecto de la violencia sexual sufrida por niñas, niños y adolescentes

El abuso y la violencia sexual es una de las peores vulneraciones que puede sufrir una niña, un niño o un/a adolescente. Este hecho aberrante, cometido generalmente por una persona adulta perteneciente al círculo familiar o íntimo de la víctima, es un delito definido por el Código Penal a partir del art. 119 y ss. Y como delito, en cualquiera de sus modalidades típicas, debe ser investigado por la Justicia, que es el poder estatal con competencia para ello y cuya función es indelegable.

Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe y como organismo encargado de promover y proteger los derechos de las infancias y adolescencias, instamos a que todo anoticiamiento de situaciones de abuso y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sea canalizado a través de las instituciones del Estado encargadas tanto de la investigación, juzgamiento y penalización de estos hechos y sus responsables, como del acompañamiento a las víctimas.

Su prevención –también función indelegable del Estado– debe estar incluida como prioridad dentro de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia. En este sentido es importante el fortalecimiento de los programas de educación sexual integral y la garantía que los mismos lleguen a todos los establecimientos educativos de la Provincia, sean públicos, privados, laicos o que adhieran a algún credo. Resulta prioritario que estos hechos no queden invisibilizados.

Tanto la Ley Nacional de Protección y Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (art. 9 de la Ley 26.061) como la Ley Provincial N° 12.967 (art. 10), consagran el derecho de toda niña, niño o adolescente a su integridad física, sexual, psíquica y moral; y es el Estado quien tiene la obligación de protegerlos de esta especial forma de maltrato perpetrada por padres, madres o cualquier persona responsable o encargada de su cuidado, estableciendo medidas preventivas y de tratamiento al respecto (art. 19 Convención sobre los Derechos del Niño). Las y los adultos tenemos el deber de estar presentes, dialogar, dar afecto, prestar atención, prevenir, y sobre todo dar importancia y credibilidad a la voz de les niñes y jóvenes.

La Defensoría de NNyA insta y solicita a la autoridad de aplicación del Sistema de Protección de derechos de niñas, niños y adolescentes: dar prioridad en las políticas públicas estatales a la protección y prevención de cualquier forma de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, generando sistemas de alertas e información ágiles, garantizando la Educación Sexual Integral tal como lo ordena la Ley Nacional 26.150, fortaleciendo la coordinación interinstitucional mediante protocolos unificados de actuación, facilitando espacios adecuados para las denuncias y acompañando en las mismas; dado que se trata de UN DELITO, uno de los más graves que se puede cometer contra un niño, niña o adolescente.