El Departamental
Una decena de traslados de detenidos a ciudades que distan entre 40 y 260 kilómetros de la capital
provincial generaron el reclamo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que el mes
pasado enviaron una carta al Fiscal Regional, Carlos Arietti, poniéndolo en conocimiento del tema.
“Es grave”, aseguraron desde dicho ámbito, aunque prefirieron evitar que la situación de alojamiento de los
detenidos se convirtiera en un nuevo motivo de confrontación política. En la actualidad, la dinámica de
llevar presos a otras unidades regionales pone en crisis la labor de la Unidad Fiscal de Violencia de
Género, Familiar y Sexual (Gefas), que es la más afectada por la especificidad de la materia.
No sólo por las dificultades que implica -por ejemplo- coordinar la fijación de una audiencia, sino para la
propia defensa, ya sea pública o privada y para la familia, para establecer contacto con el imputado. Pero
además, se platea un problema extra, como en casi todos los casos se trató de traslados para ofensores
sexuales, los viajes estuvieron a cargo de personal de la Comisaría de la Mujer (en su mayoría femenino),
que a su vez tiene a su cargo numerosas diligencias judiciales, que se vieron lentificadas por las horas que
insumen los viajes.
Si bien desde el seno del MPA aseguran que “no es un problema nuevo”, concretamente la Fiscalía de
Gefas puso en conocimiento del caso al fiscal regional Carlos Arietti, mediante nota del 20 de agosto, es
decir, hace dos semanas.
Allí se hace referencia a los primeros casos, detectados a partir del 12, 13 y 16 de agosto con el traslado
de tres hombres a la ciudad de Esperanza, que es el destino más cercano, 40 km al oeste de la ciudad de
Santa Fe. Pero luego se registraron envíos a San Cristóbal (a 170 km de distancia) el 19 de agosto; y a
Villa Constitución (230 km) el 20 de agosto.
A partir de entonces todas las detenciones de agresores sexuales, que por sus características evitan
ubicar con presos comunes, “fueron a parar a otros puntos de la provincia”, indican distintas fuentes
judiciales. El viernes pasado -28 de agosto-, un detenido por abuso sexual con acceso carnal fue llevado a
la ciudad de Vera (260 km al norte) y ese mismo día, otros tres varones fueron derivados nuevamente a
Villa Constitución.
Y como si fuera poco, en el caso del sujeto que fue enviado a Vera, presentó un cuadro febril al ingresar a
la dependencia policial, por lo que la audiencia debió prorrogarse hasta el lunes de esta semana. Y hasta
tanto no se conoció el resultado del hisopado negativo por coronavirus, tres integrantes de la Brigada que
realizó el traslado debieron permanecer aisladas.
Declaración de emergencia
El 22 de marzo de este año el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, firmó la resolución Nº
0665 mediante la cual resolvió “declarar el estado de emergencia de las condiciones de detención en
dependencias policiales” y que “hasta tanto no se adecúe el número de personas detenidas a la capacidad
de alojamiento de cada dependencia no se reciban más personas para ser alojadas como detenidas en
dependencias policiales provinciales”. La resolución fue remitida con copia al Ministerio de Gobierno,
Justicia, Derechos Humanos y Diversidad y a la Corte provincial.
Allí se denuncia que la inspección ordenada en marzo 2020 reveló que 723 personas estaban presas en
las 19 unidades regionales, cuando sólo había plaza para 664. Y si bien la diferencia no parece mucha en
números globales, la situación sí es crítica en el departamento La Capital, donde la Unidad Regional I tenía
131 plazas y 250 detenidos, es decir casi el doble.
De Santa Rosa de Lima a Sastre
El último domingo personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvo en barrio Santa Rosa de
Lima a un hombre de 41 años acusado por el crimen de la familia Espino, cometido en octubre de 2017 en
una casa del barrio Sur. Los uniformados lo retiraron de una casa de calle Lisandro de la Torre y Estrada y
lo pusieron a disposición de los fiscales de Homicidios, Andrés Marchi y Omar De Pedro.
El lunes fue la audiencia imputativa y este miércoles se discutió en los tribunales locales la medida
cautelar, en la que la jueza Sandra Valenti dictó la prisión preventiva para el pintor Omar Gabriel Albonoz.
Lo curioso del caso fue que para la segunda audiencia, la policía debió viajar 140 km hasta la ciudad de
Sastre, donde se encontraba alojado, por falta de plazas en el departamento La Capital.
