El bloque del PJ, integrado por Carolina Morel y Claudio Gaineddu, explicó cuál es la problemática y por qué están en desacuerdo.
Para resumir, cuando el municipio local necesita realizar una compra, por ejemplo de equipamiento, materiales o maquinarias, debe hacer una licitación pública en donde se presenten distintos oferentes con sus propuestas, siempre y cuando el monto sea superior a los 500 mil pesos. 
En este caso la problemática surge porque el municipio recibió fondos del gobierno provincial de Miguel Lifschitz tiempo atrás para realizar trabajos de pavimento en una calle de la ciudad. El adelanto fue de 600 mil pesos, de un total de más de un millón de pesos, entonces ahora en vez de hacer un licitación pública desean hacer un concurso de precios que es más ágil y rápido. Para eso, los concejales debieron votar para que se modifiquen las ordenanzas vigentes tal como lo propuso el ejecutivo.
“La problemática que nosotros observamos es que esos 600 mil pesos que ya lo vienen teniendo desde el año pasado debían presentarse para licitar a la sociedad y cumplir con los pasos establecidos para la provincia así hoy se pueda tener todo eso rendido. La provincia empieza a reclamar la rendición y en base a ese apuro, argumentando que vino la pandemia y una serie de circunstancias, nos propone el ejecutivo que se deje de lado la licitación pública que es una herramienta fundamental de transparencia que tienen los organismos públicos para manejar los fondos públicos y nos pide que el concejo avale dejar de lado las ordenanzas municipales para hacer un concurso de precio”, detalló la concejal Morel. 
Según explicaron los concejales del PJ, la publicidad para el concurso de precios es más reducida que para una licitación pública y consideran que pierde transparencia y control al hacerlo de esta manera.
“Con el concurso de precios no se entera todo el mundo si no que se entera a quienes va dirigido la intencionalidad de que se entere. Hay dos o tres oferentes permanentes sobre el mismo tema como asfalto. Esta situación creo que está llegando a un límite porque permanentemente hacen uso de la mayoría donde deja sin efecto el poder democrático de un concejo”, indicó Gaineddu.
Al desarrollarse la votación en el concejo, el resultado fue un empate, entonces el presidente del concejo, Carlos Cattáneo fue quien definió el resultado final a favor de la nueva ordenanza. 
“Lo concreto es que se haga licitación pública para la transparencia y se utilizan estos mecanismos del concejo como es el doble voto para violentar las ordenanzas locales, dejarlas de lado y burlarlas”, agregó Morel. 

Banco de tierra municipal
Por otra parte, los concejales hablaron acerca de un proyecto que optimice el control sobre las tierras que son propiedad del municipio local. La idea es crear un registro para que en un futuro se puedan utilizar para diversas actividades como la construcción de viviendas sociales, emprendimientos, compra de lotes, programa Procrear, entre otras. 
“Esto es para en primer lugar planificar y programar proyectar en base a la existencia de las tierras y también para impedir la especulación sobre el tema inmobiliaria. Hay un una ordenanza del año 2012 que prevé la información de los terrenos propiedad de la municipalidad, en años anteriores lo solicitaron los concejales repetidamente y nunca contestaron de quiénes son, cuántos son y dónde están ubicados”, explicaron los ediles.