El abogado defensor de Ariel Reinaldo Malagueño dialogó con El Litoral y destacó el trabajo de la justicia federal para preservar las garantías a los acusados y reactivar la investigación por la desaparición de Maximiliano Sosa en Ceres.
El pequeño Maximiliano Javier Sosa desapareció en noviembre de 2015. Tras descartar otras hipótesis (algunas con pistas fuertes) los investigadores apuntaron contra la familia materna del niño, más precisamente contra su abuela Patricia Daniela Sayago, y su pareja, Ariel Reinaldo Malagueño.
En junio de 2016, ambos fueron detenidos, acusados por la fiscalía federal y puestos en prisión preventiva hasta la tarde de este miércoles, cuando tras tres días de audiencias y ante más de cincuenta testigos, el Tribunal Oral Federal -integrado por los jueces por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Homero Lauría- decidió absolverlos y ordenó su libertad. Por otra parte, el tribunal federal remitió las actuaciones al MPA provincial para que se profundice la investigación sobre el paradero de Maxi. 
Luis Carlos Rittiner, abogado defensor de Ariel Malagueño, dialogó con El Litoral y destacó el accionar de la justicia federal en la causa, aunque -en oposición- lamentó el desempeño de las autoridades judiciales provinciales. En tal sentido, opinó que “el valor del caso es superlativo, el Tribunal se para en una situación que no es la ideal a la vista del público que esperaba encontrar un culpable, pero en la sala de audiencia no había ningún responsable del delito cometido contra Maxi Sosa”.
“Lamentablemente, esta causa adoleció desde el primer momento de una inercia absoluta de los organismos del Estado que debieron procurar otro tipo de investigación, hubo dos o tres líneas de investigación con pistas sólidas, con pruebas, que fueron abortadas en una primera etapa y de esto también dio cuenta la exdirectora de la Agencia de Trata de la policía de la provincia”, consideró. “Transcurrió el tiempo, las pruebas se diluyeron y hoy retomar esa investigación es muy difícil”, remarcó.
“Ahora se llegó a un “primer” veredicto -aclaró- porque la desaparición de Maxi Sosa está lejos de ser esclarecida, porque se cerraron los caminos de investigación en la primera parte y derivó en una seria de alternativas judiciales complejas de proceso de declaración de incompetencia recíproca entre la justicia provincial y federal, hasta que terminó laudando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, disponiendo la competencia federal”.

Un proceso largo y un juicio corto
Rittiner también recordó que el proceso, desde la detención de Sayago y Malagueño, lleva desde julio de 2016, “pero fue una investigación errática desde el principio y eso es lo que quedó demostrado en este proceso, que el fiscal termina concluyendo no tener pruebas en el caso de Malagueño”.
Sin embargo, reconoció que también el fallo es “señero” porque establece la necesidad de seguir investigando para encontrar los mecanismos por los cuales desapareció Maxi y las correspondientes responsabilidades. “No nos olvidemos que acá está el dolor de la madre y de la propia abuela que además de sufrir la desaparición de su nieto fue sindicada injustamente como la responsable y con el desmérito que eso le implica en una comunidad chica y una familia que queda destrozada”, advirtió, y, en el mismo sentido, destacó que las “bondades” de su defendido “fueron destacadas por los testigos que pasaron, porque es un empleado de la comuna local que se vio sometido a cinco años de detención y ya estaban excedidos todos los plazos procesales”. “Por suerte, también debemos destacar el criterio acertado del fiscal de no acusar porque no tenía elementos”, admitió el profesional.
Además, el abogado agradeció el “encomiable” trabajo del Tribunal Oral Federal de la ciudad Santa Fe “que con una agenda ajustada y complicada, viniendo de un año atípico, tuvo que apretar aún más la agenda para hacer el juicio oral para preservar las garantías de los imputados”. “Este fallo -dijo- es una bocanada de aire fresco para los que creemos en el derecho y la justicia”, pero advirtió que aun “existe una deuda, fundamentalmente de la justicia provincial, con Maxi, su familia y la comunidad de Ceres”.