Relanzaron la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado
El organismo será el encargado de llevar adelante la articulación entre Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) y Trenes Argentinos Cargas (BCyL).
La creación de este organismo estaba contemplado dentro de la ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos, sancionada en 2015 con amplia adhesión política, pero que la administración anterior decidió postergar indefinidamente.
En el acto inaugural, Meoni declaró que “la conformación de Ferrocarriles Argentinos busca la articulación permanente con las empresas ferroviarias del Estado para recuperar los ferrocarriles, modernizarlos y hacerlos mucho más rápido”.
Asimismo, el presidente de FASE, Martín Ferreiro, expresó que “es un día de alegría porque después de más de cinco años tenemos un lugar donde podemos trabajar, y es un día de agradecimiento al Ministerio de Transporte y a Mario Meoni por la confianza que nos ha dado a todo el equipo de trabajo y por llevar adelante el relanzamiento de FASE”.
“A partir de ahora podemos comenzar el camino de la articulación entre las empresas ferroviarias para lograr un sistema ferroviario moderno, eficiente, accesible, con equidad social y que garantice el desarrollo de las economías regionales”, agregó Ferreiro.
Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE) tiene como objetivo planificar y coordinar las políticas públicas, siendo un nexo de articulación entre el Ministerio de Transporte de la Nación y las empresas públicas, actores privados, sindicatos, unidades responsables del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, y prestadores de servicios de pasajeros, cargas y logística del país.
En este marco, es importante mencionar que entre 2021 y 2023 vencerán las concesiones de las cargueras privadas que aún siguen en pie: Nuevo Central Argentino (línea Mitre), Ferrosur Roca (línea Roca) y Ferroexpreso Pampeano (línea Sarmiento). El fin del modelo de concesión menemista heredado de la década de 1990, plantea que el Estado recupere su rol como el único administrador de la red ferroviaria nacional, con la posibilidad de subcontratar el uso de la infraestructura a cambio del pago de un canon.