La medida también alcanza al presidente y vice de la empresa, los cuales figuran a cargo de la firma desde principios del 2017. 

Se trata de Mónica Mabel Ucero, quien actualmente está a cargo de la Dirección General de Desarrollo Sustentable Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático desde el 29 de diciembre del 2017, y Daniel Osmar Ochoa y Norma Inés Orellano, ambos titulares del predio que fue ocupado entre septiembre del 2020 y enero de este año por cuatro familias. 

La indagatoria fue fijada por el juez para el próximo 1 de septiembre y se dio tras una investigación que encabezó el fiscal federal, Gustavo Onel, que, tras recopilar documentos, entrevistas y peritajes, determinó que existían una serie de elementos para establecer un estado de sospecha sobre los tres acusados. 

La causa surgió tras la muerte de una niña de 2 años, Xiomara Crespín, quien falleció el 6 de enero pasado en el hospital de niños, Orlando Alassia, luego de haber sido trasladada desde la ciudad de Ceres hasta la capital provincial, con una fuerte intoxicación con plomo en sangre. A esa muerte se sumó además la intoxicación de otros tres menores que debieron ser hospitalizados y de otras 17 personas mayores de edad que también ingirieron plomo en su sangre. 

Esas 21 personas, que forman parte de cuatro familias, se intoxicaron luego de haber ocupado el predio de la exfábrica que se encuentra situado en entre las calles Tucumán y Larrea del barrio Las Américas. El mismo comenzó a ser habitado por distintas familias que ante la falta de vivienda decidieron meterse en el predio. 

Responsabilidades 

En su pedido de indagatoria, el fiscal Onel acusó a la funcionaria provincial de no haber intimado a la empresa a que presente el “plan de cierre”, contemplado en los artículos 24 y 25 del decreto 1844/02 que establece que la empresa que cierre sus puertas y haya manipulado metales o residuos industriales, durante su actividad, deberá presentar lo siguiente al Estado provincial: un informe que describa los posibles pasivos ambientales y métodos de remediación del lugar de generación y aledaños; un programa de monitoreo de suelos y aguas subterraneas por el término que la autoridad de aplicación estime necesario; la descontaminación de los equipos e implementos no contenidos dentro de la celda o celdas de disposición, como contenedores, tanques, restos, estructuras y otros que hayan sido utilizados o hayan estado en contacto con residuos peligrosos; calidad, cantidad y disposición final de los residuos peligrosos existentes. 

Para el fiscal, Ucero fue la encargada de efectuar el control sobre la empresa Nesaglo S.A. que establecía la respectiva inspección de impacto ambiental, el plan de cierre y eventualmente la clausura del predio. Sin embargo, el último control que hubo estatal sobre la empresa, y que consta de los registros, data del 16 de diciembre del 2013. 

El día que funcionarios provincial fueron hasta el predio y colocaron un faja de clausura. Tal medida se dio después del inicio de la causa federal instruida en Rafaela. 

En lo que respecta al presidente y vice de la firma, ambos resultan presuntamente responsables de “haber contaminado los predios de la empresa Nesaglo S.A. con plomo, hecho cometido por impericia en el propio arte o profesión, que tuvo como consecuencia la intoxicación de al menos 21 personas, cuatro de ellas hospitalizadas y, a su vez, una de estas últimas fallecida”. Tanto Ochoa como Orellano ocupan sus respectivos cargos desde el 2 de marzo del 2017, cuando dejaron sus puestos las exdirectivas Susana S. y Adriana S. 

En el pedido de indagatoria, el fiscal resaltó además el descontrol ambiental que se dio en torno al tratamiento de los residuos que utilizaba la empresa que fabricaba baterías. Según develó la investigación, la firma recibió intimaciones hasta el 29 de octubre del 2008 para que cese el vuelco de residuos (mayormente plomo) al exterior del predio donde funcionaba. En este sentido, de una serie de carpetas del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia, surge también que varias personas que supieron trabajar en la empresa del barrio Las Américas también registraron plomo en sangre. 

Peritaje central 

Para solicitar la indagatoria, el fiscal valoró un peritaje que fue realizado en junio pasado por la Unidad de Investigación de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) y tuvo lugar en las instalaciones en donde funcionó la empresa. 

Aquel informe permitió a los investigadores poder determinar por donde se dio la intoxicación de las 21 personas que ocuparon el predio. Es que según determinó el peritaje, la mayor presencia de plomo no se encontraba en el agua que fue analizada sino en las paredes y plantas del edificio abandonado. 

Por esa razón, los agentes especializados de la federal consideraron que la intoxicación no fue mayormente por el consumo de agua sino por la “inhalación y contacto físico” en el ambiente. “La contaminación por el aire no tiene un alcance determinado, sino que está influenciado por factores climáticos como: lluvias, velocidad y dirección de los vientos; también influyen factores antropogénicos como la circulación de vehículos o personas. En este mismo sentido es dable destacar que también al respirar este supuesto aire contaminado se estaría introduciendo plomo al organismo”, precisó la pericia incorporada la a causa. 

El fiscal valoró finalmente, el informe que realizó también la Coordinadora de Medio Ambiente de la ciudad de Ceres, Dianela Bertorello, quien indicó en sede judicial que en una recorrida por el predio detectó que en una parte trasera aún existían “agujeros tipo pozos” que contenían líquido en su interior muy similar al de combustible. 

Con información de Aire de Santa Fe