La Ley 26.736 equilibró la comercialización de papel con objetivos claros: Por un lado, que Papel Prensa S.A. le venda al mismo precio a todos sus clientes, sin importar la cantidad que estos adquieran, a partir de una tonelada. Y por el otro, evitar que los diarios Clarín y La Nación –accionistas mayoritarios en Papel Prensa S.A. se “autovendan” el insumo a un precio diferenciado para obtener ventajas competitivas frente al resto de los medios gráficos. La norma fija, además, la obligatoriedad de mantener un estándar de calidad uniforme al que puedan acceder todos los medios gráficos del país. Por último, y de suma importancia, resulta el rol del Estado como contralor, a través de una comisión específica, en un segmento donde el único productor de papel constituye un monopolio que debe ser regulado por el Estado, con el objeto de garantizar la pluralidad de voces.
Resulta insostenible -y sospechoso- el argumento esgrimido para argumentar la necesidad de derogar esta ley, asentado en la caída del consumo de papel prensa como fruto de la menor circulación de ejemplares de diarios y periódicos. Son justamente los medios de los tres o cuatro principales centros urbanos del país quienes han sufrido una drástica caída de su circulación, en tanto en cientos de ciudades del interior de nuestra Argentina, la gente continúa consumiendo las publicaciones de su localidad. ¿O acaso se pretende establecer un precio de papel diferenciado, para que sean los medios gráficos regionales quienes soporten las millonarias pérdidas de empresas monopólicas, asociadas al capital concentrado?
Liberar el precio del papel abre las puertas a la posibilidad de asestar otro durísimo golpe a los medios gráficos regionales, que podrían terminar pagando más caro el principal insumo de la actividad. Se trata de golpes a las voces de las economías regionales, a las identidades de cientos de poblaciones del interior profundo de nuestra Argentina y constituye el cercenamiento al derecho a la información de estas comunidades.
Toda norma es perfectible, sobre todo cuando se alteran las condiciones económicas del país. Sin embargo, cualquier cambio a esta ley debería plantearse desde el respeto al espíritu de la misma: garantizar accesibilidad e igualdad de precio y calidad para todos los medios gráficos del país, con control estatal. Por el contrario, se la mire por donde se la mire, la iniciativa presentada a las apuradas el martes a la noche pareciera estar redactada a la medida de un único beneficiario: el diario Clarín y su insaciable grupo.