Un "mini salvataje" vuelve a poner a SanCor en el centro de la escena
Desde la Jefatura de Gabinete giraron $1.200 millones para que la láctea pueda sortear la compra de materia prima e insumos, durante la baja estacional de producción de leche. Es apenas el 10% de lo que requería el fideicomiso, conformado junto a empresario y ATILRA, para reactivar la firma. Desde la cartera lo calificaron como una "solución de emergencia".
Fernando "Chino" Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete.-
Súbita e inesperadamente Sancor volvió a cobrar relevancia en la agenda informativa y política, con un sorpresivo aporte de $1.200 millones que el gobierno nacional decidió asignarle, en el marco de una redistribución de partidas presupuestarias que determinó la Jefatura de Gabinete de la Nación.
La novedad surgió tras varios meses de incertidumbre sobre el destino de la cooperativa, cuya única apuesta para levantar cabeza era la conformación de un fideicomiso con fondos del Banco Nación, que sería administrado por un grupo de empresarios y el gremio de los trabajadores ATILRA. Esta alternativa, que surgió en octubre de 2021 y llegó a ser aprobada por el Consejo Directivo de la láctea a comienzos de 2022, implicaba recibir u$s 60 millones de la entidad oficial y conformar una administración con José Urtubey, Marcelo Figueiras, Gustavo Scaglione, el abogado Leandro Salvatierra y Jorge Estévez. Aunque llegó a constituirse, junto a la empresa y el gremio, bajo el nombre Fidulac SA, esta vía se empantanó. Ahora, en medio de una durísima sequía, que agravó sobremanera la habitual caída de la producción de leche estival, la Decisión Administrativa n°54/2023 del 26 de enero dispuso aumentar el presupuesto del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), "con el fin de atender las transferencias a cooperativas agropecuarias destinadas al Fideicomiso Financiero de Administración Reestructuración Sancor, creado a los efectos de abordar la situación de gravedad institucional de Sancor Cooperativas Unidas Limitada, para brindar asistencia financiera destinada a la adquisición de leche, insumos y servicios productivos". En el anexo correspondiente se precisó que serán $1.200 millones los que recibirá la tradicional firma con sede en Sunchales.
La suma, equivalente a poco más de 10% de lo que se planteó para el salvataje de Fidulac SA, fue a parar a un fideicomiso preexistente que conforman Sancor y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) a modo de "solución de emergencia" para sortear la difícil coyuntura en el sector.
Así lo consideró el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro. Tras conocerse el giro de recursos a la láctea, el dirigente del Movimiento Evita -con fuerte influencia en el INAES- fue el encargado de explicar la situación a los medios de comunicación. En ese sentido, explicó que se trata de una asistencia necesaria para hacer frente a la baja estacional de la producción láctea, situación que podría ocasionar a la cooperativa problemas de liquidez para cumplir obligaciones con trabajadores, productores o proveedores.
La firma, que supo ser líder a nivel continental en el sector con el procesamiento diario de 6 millones de litros de leche, actualmente estaría operando con sólo 600.000 litros. Además, en la última década se fue achicando en estructura, con la venta de algunas fábricas, productos y marcas que le daban una importante presencia en el mercado.
"SanCor necesitaba una ayuda del Estado para afrontar el fin de año", le dijo Navarro a otro medio porteño. Y sostuvo que la medida, a la que calificó de "salvataje", fue decidida por el presidente Alberto Fernández, en tanto "política de estado no dejar caer a SanCor".
En Buenos Aires, los trascendidos indican que el gremio ATILRA estaría del todo cómodo con este "salvataje" de coyuntura. Muy encolumnado en la opción de Fidulac SA, el sindicato había presionado para que el gobierno inyecte los u$s 60 millones, incluso con medidas de fuerza en varias oportunidades. Ahora, habrían exigido que los $1.200 millones garanticen el pago de salarios y el pago de la deuda con la Obra Social.
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