La Cámara de Diputadas y Diputados se convirtió en la última sesión en una caja de resonancia contra los ajustes que el gobierno nacional aplicó en las últimas semanas en distintos niveles educativos. Por un lado, la interrupción del envío de las partidas correspondientes al Fondo de Incentivo Docente y para comedores escolares. Por otro, la prórroga del presupuesto 2023 dispuesta para las universidades en el actual contexto inflacionario.

La diputada provincial Gisel Mahmud celebró la aprobación de una declaración que contó con el apoyo de legisladores de distintos partidos, donde expresan “la preocupación compartida por la interrupción de algunas partidas que el gobierno nacional asignó históricamente a Santa Fe, como el Fondo de Incentivo Docente y para comedores escolares. Estos recursos están en el Presupuesto Nacional 2024 y el gobierno tiene la obligación de enviarlos porque así lo prevé la Ley de Educación”.

“Ante el inicio de un nuevo ciclo lectivo, lejos de estar acompañando a las provincias para garantizar una educación de calidad –lamentó la legisladora-, el presidente Javier Milei tomó la decisión de un día para otro de no enviar recursos que están presupuestados y deben llegar por ley.  Esto repercute de manera muy negativa en los docentes, que tienen derecho a enseñar; y en las niñas y niños, cuando sabemos que muchos de ellos están en la pobreza e indigencia”.

Además de cuestionar que el Ministerio de Educación nacional fuera reducido a una secretaría, Mahmud expresó su “apoyo al gobierno de Maximiliano Pullaro, que tiene un plan educativo que está llevando adelante pero también necesita de esos recursos”.

Por su parte, Cuvertino impulsó un proyecto de comunicación en el que alertó sobre la crítica situación presupuestaria que atraviesan desde diciembre las universidades nacionales de Santa Fe. “Al día de hoy peligran el acceso a la educación pública de miles de estudiantes de Santa Fe, la continuidad de los salarial de los docentes y no docentes, los planes de obras que se venían llevando adelante en distintas casas de estudio, la producción misma de conocimiento y una premisa que dábamos por sentada, como es que la universidad pública laica y gratuita no es un gasto en nuestro país, sino una inversión”, detalló.

“A fines del año pasado el gobierno nacional anunció que iba prorrogar el presupuesto 2023, poniendo en peligro funcionamiento universitario. En ese momento –recordó el legislador-, los rectores se reunieron en el Consejo Interuniversitario Nacional, (CIN) el organismo que nuclea a las autoridades de todo el país, y reclamaron una actualización de las partidas para llevarlas de 752 millones de pesos, que fue lo que ejecutado en el último ejercicio, a un monto cercano a los 2,5 billones. Fue una estimación mínima para garantizar la continuación de las actividades”, agregó.

Según Cuvertino, la situación actual es tan grave que el CIN emitió un nuevo comunicado este jueves en el que alerta que de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de universidades públicas.

“En nuestra provincia esta realidad se ve en becas que se caen, en el dictado de clases que entra en crisis, en comedores escolares que se cierran. En la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la falta de presupuesto interrumpe la construcción del aulario en costanera Este y las residencias estudiantiles en la Escuela Granja de Esperanza”, puntualizó. “Lo mismo sucede en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con las obras involucradas en el Programa de Infraestructura Universitaria y, seguramente, esta misma situación se repite en la UTN”, enumeró.