El Consejo Superior de la UNL adhirió a la marcha federal e instó al Congreso a defender la educación pública
Ante veto del Presidente de la Nación a la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) dispuesto en el día de ayer, el Consejo Superior de la UN aprobó esta tarde una resolución que adhiere a la Marcha Federal impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.
La marcha está prevista para coincidir con el tratamiento en el Congreso del rechazo al veto presidencial, y convoca a toda la ciudadanía a acompañar el legítimo reclamo bajo el lema: “La educación no es un gasto, es una inversión en soberanía y desarrollo para un futuro sustentable”.
En su artículo 2, la resolución aprobada insta al Congreso a que “defienda la educación pública, las paritarias de los trabajadores universitarios y las becas para los estudiantes, exigiendo que se revierta este veto injusto e irresponsable”.
Por último, en su artículo 3 exhorta al Congreso a sancionar una Ley de Presupuesto Nacional para el año 2026, “condición imprescindible para garantizar la previsibilidad, el funcionamiento pleno de las universidades y la continuidad de sus múltiples actividades académicas, de investigación y de extensión en todo el país”.
Fundamentos
El contundente texto aprobado por unanimidad en la sesión de esta tarde recuerda entre sus fundamentos que la ley en cuestión “fue debatida, votada y sancionada por el Congreso de la Nación con el objetivo de garantizar el sostenimiento de la educación pública”.
Asimismo, la resolución aprobada sostiene que el veto dispuesto por el Poder Ejecutivo, enmarcado en la continuidad de una gestión que por segundo año consecutivo administra el país sin una Ley de Presupuesto Nacional, “constituye un acto de absoluta irresponsabilidad institucional y representa un ataque directo a la universidad pública, a sus trabajadores, a sus estudiantes y al futuro de la Nación” y que sin presupuesto, “no hay plan, no hay previsibilidad y no hay cómo exigir una rendición de cuentas. Es una decisión política que promueve el desorden institucional y el ajuste discrecional”.
Por último, el cuerpo expresó que el veto deja en claro cuáles son las prioridades del gobierno nacional: “Negar la recomposición salarial que termine con la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes; rechazar la actualización de becas estudiantiles como el Progresar y Manuel Belgrano y frenar la inversión en ciencia, tecnología e infraestructura universitaria”.