Lifschitz decretó un protocolo contra la violencia de género y propuso la adhesión a la ley Micaela
La normativa establece la capacitación obligatoria en la temática a los agentes públicos en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El gobernador Miguel Lifschitz decretó este martes, la conformación de un “Protocolo de actuación para la prevención y atención frente a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral” y envió a la Legislatura provincial un proyecto para que Santa Fe adhiera a la llamada Ley Micaela, que tiene como objetivo capacitar y sensibilizar en la materia a quienes integran los diferentes estamentos del Estado.
“El Estado debe ofrecer a los funcionarios y agentes públicos, herramientas ágiles y eficaces para afrontar situaciones de violencia acaecidas dentro de su ámbito laboral y lograr el cese inmediato de tales sucesos, profundizando a su vez la prevención, difusión y capacitación en todo lo atinente a esta problemática”, señala el decreto firmado por Lifschitz.
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El proyecto indica que “las máximas autoridades de los organismos son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones” y se invita a sumarse a todos los municipios y comunas de la provincia.
“Con estas dos medidas, estamos poniendo al gobierno provincial en línea con la legislación y los criterios más avanzados en materia de prevención de la violencia y el abuso contra las mujeres”, afirmó el gobernador.
PROTOCOLO DE ACCIÓN
Por otra parte, se establece un protocolo de acción por el cual, la persona afectada por una situación de violencia de género recibirá asesoramiento legal y asistencia integral en forma gratuita en todo el territorio provincial. En el caso de que la/el afectado lo requiera expresamente, debe ser oída/o personalmente por la autoridad administrativa correspondiente.
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