Recientemente se informó sobre la baja calidad democrática en las Instituciones de Avellaneda y de esto podemos dar fe desde el gremio municipal dado que se tornan indescriptibles los manejos irregulares y presiones que sufre el personal municipal de esa ciudad a la hora de reclamar la vigencia de sus derechos.

Desafortunadamente el Ministerio de Trabajo de la Provincia, deja pasar las denuncias y se limita a convocar audiencias conciliatorias para discutir reclamos por incumplimiento del derecho público y laboral.

El reciente fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Santa Fe  N° 1 dejó sin efecto el despido de un trabajador contratado, por cuanto el Intendente lo despidió arbitrariamente, incluso negándole el constitucional derecho a la defensa.

“La Cámara declara la nulidad por ilegitimidad del decreto 167/12 mediante el cual se rescindió el vínculo contractual por aplicación del régimen de sanciones de la ley 9286” expresa el fallo, al resolver el recurso judicial presentado por el trabajador contratado Alfredo Sosa contra Municipalidad de Avellaneda.

Lamentablemente -tanto por temor a represalias o por demoras en la tramitación judicial- la mayoría de los casos de despidos no llegan a esta vía y suceden impunemente.

Sumatoria de irregularidades en Avellaneda

El DEM de Avellaneda permanece sin reconocer como parte de la jornada normal y habitual la séptima hora de trabajo, condición que le permitió suprimirla en el contexto de la pandemia como forma de rebaja salarial.

La planta de personal permanente de la ciudad de Avellaneda cuenta con 198 trabajadores y trabajadoras, más unos 30 contratados, y además 140 precarizados, que no tienen Obra Social, seguros, aportes previsionales, ni coberturas de riesgo de trabajo. Esto no sólo es baja intensidad democrática, “es como se dice en el campo: trabajo esclavo”.

Esta planta de personal precarizado también fue variable de ajuste en el contexto de la pandemia, víctimas de suspensiones compulsivas llevadas adelante por las autoridades municipales como forma de hacer efectiva la disminución salarial contra estos trabajadores.

Además, no se cumple con las entregas de ropa de trabajo ni de elementos de protección personal necesarios para evitar el contagio de COVID- 19 Y DENGUE.

Situaciones estas que llevaron al Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, a mantener un conflicto que en principio permitió revertir la reducción de una hora de trabajo, pero aún sostienen discusiones por la estabilidad y la seguridad de los trabajadores.

Si bien la actividad sindical tiene serias limitaciones para actuar ante todos estos atropellos, la Justicia con su fallo vino a poner freno al Intendente de Avellaneda, ejemplificando a las autoridades locales que consideran al Estado Municipal o Comunal como una “estancia” donde ellos se comportan como “patrones”.