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La Ley Yolanda y las Fiscalías Ambientales son herramientas necesarias para resolver los conflictos ambientales

Durante la sesión de hoy en la Cámara de Diputadas y Diputados se dio media sanción a la conocida Ley Yolanda que habilitaría la capacitación obligatoria en ambiente. Se espera que en pocos días se pueda avanzar con la discusión del proyecto para la creación de Fiscalías Ambientales. Ambos temas cuentan con un gran respaldo de organizaciones sociales ambientales y políticas. 

Política 06 de agosto de 2021 Victoria Grasso Victoria Grasso
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Gisel Mahmud

Cientos de veces escuchamos o vemos situaciones que parecieran tener un carácter extraordinario: la aparición de miles de peces en el  Río Salado, las denuncias públicas por fumigaciones de aviones en escuelas rurales, la quema de los humedales y el humo cubriendo por días pueblos y ciudades, la contaminación de napas, los derrames en nuestros ríos o incluso la bajante de nuestros ríos que no tiene precedentes en la historia reciente ; todo estos casos tiene una explicación y responsables, pero lo que no cabe duda es que todos dañan nuestro medio.

En este sentido, desde la legislatura provincial la diputada socialista, Gisel Mahmud, presentó junto a otros legisladores y legisladoras de diferentes bloques una serie de iniciativas que buscan darle al Estado herramientas para el abordaje de estas problemáticas: el proyecto de ley para la creación de las Fiscalías Ambientales en el ámbito de la justicia de la provincia de Santa Fe y el proyecto para la aplicación de la Ley Yolanda, para la capacitación de los agentes públicos, que hoy obtuvo media sanción y pasa a la Cámara de Senadores para su tratamiento. Ambos proyectos cuentan con un amplio respaldo de las organizaciones sociales y de activistas por el fuerte impacto que pueden generar en pos de evitar y resolver conflictos ambientales.  

“Estamos convencidos que necesitamos actuar, que no hay tiempo que perder ya que lo que le estamos haciendo al ambiente la mayoría de las veces es irreversible. Es lo que vemos día a día en los medios, es lo que denuncian las organizaciones ambientales y es el reclamo de las juventudes en todo el país y el mundo, que nos ponen en alerta con cada consigna que nos recuerda que “No hay Planeta B”. Desde nuestro lugar en la legislatura venimos trabajando en muchos proyectos para tener más herramientas para la formación y la acción en todos los ámbitos del Estado” sostuvo la diputada Mahmud. 

Y en este sentido agregó que: “tanto el proyecto para la creación de Fiscalías Ambientales al que le estamos dando ingreso, como la media sanción que acabamos de conseguir de la Ley Yolanda tienen un potencial enorme por lo que esperamos no solo se aprueben rápidamente sino que también se comiencen a aplicar ya que todas las tendencias ambientales son negativas y van en aumento, lo que nos pone en un escenario donde es urgente ponernos de acuerdo en cómo frenamos y revertimos lo que a las claras es un desastre nunca antes vivido”.

 Ley Yolanda
 
La ley que a nivel nacional fue sancionada en noviembre pasado en nuestro país y busca ratificar su aplicación en el territorio provincial exige la formación de las personas que ocupan cargos en los distintos niveles del Estado provincial con capacitaciones en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y cambio climático. 
Respecto a esta cuestión, la diputada Mahmud sostuvo que “esto resulta importante ya que a partir de las capacitaciones se busca poder generar políticas públicas y tomar definiciones con el criterio de la transversalidad y la relevancia que tiene el ambiente. Creemos que la educación ambiental en las personas que trabajan en el Estado hoy más que nunca es una necesidad, resulta relevante poner el foco en una gestión racional de los recursos y construir permanentemente actitudes que redunden en beneficio de la naturaleza; incorporando estos valores como horizonte de nuestra sociedad, ecológicamente equilibrada y sostenible”.

Fiscalías Ambientales 

El proyecto de ley busca la creación de Fiscalías Ambientales en el ámbito de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dotando así de las competencias necesarias para actuar ante los órganos jurisdiccionales.
“La incorporación de profesionales especialistas que persigan a los responsables de causar daños ambientales y sobre todo actuar en forma preventiva, abre no sólo un antecedente muy importante en la provincia, sino en el país. Es necesario que los tres poderes del Estado estemos en la misma sintonía cuando estamos hablando de temas ambientales” se refirió la diputada.

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