Por Ramiro Muñoz
La incompetencia fue a causa de un pedido formulado por el fiscal, Gustavo Onel, quién consideró que con los elementos recolectados a lo largo de la investigación debe ser la Justicia provincial quien continúe con la causa. Por el caso, en septiembre de este año, fueron indagadas una funcionaria del Gobierno provincial, Maria Mabel Ucero, quien se desempeña como subdirectora de auditorías ambientales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y Norma Inés Orellano, la cual figuró como integrante del directorio de la empresa Nesaglo S.A, en donde se intoxicó el grupo de personas.
Competencia
En su escrito el fiscal Onel recordó que el artículo 7 de la Ley General del Ambiente nro 25.675 establece que “la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas. En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal”. Es decir, la regla es la competencia ordinaria y la excepción la competencia federal, “únicamente para aquellos casos en que, efectivamente, se verifique una afectación de un recurso interjurisdiccional”. En este sentido, Onel sostuvo que la asignación de la causa a la fiscalía federal “se basó en que inicialmente no se contaba con elementos suficientes para descartar la hipótesis de una posible contaminación del agua de la ciudad de Ceres, y en consecuencia, debido a las cercanías con la localidad de Selva, Provincia de Santiago del Estero, de una afectación interjurisdiccional de dicho recurso”.
El informe realizado por el Departamento Unidad Federal de Investigación de Delitos Ambientales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina precisó que la afectación se produjo en el inmueble donde funcionaba la fábrica de baterías Nesaglo S.A., en la localidad de Ceres, y que no existió afectación de un recurso interjurisdiccional; es decir: se ha acreditado que el daño ambiental quedó circunscripto al predio de Nesaglo. El fiscal también se refirió al descargo realizado por una de las funcionarias indagadas en el marco de la causa, Mónica Mabel Ucero, del cual se desprenden otras posibles responsabilidades penales que serían atribuidas a otros funcionarios de índole provincial, y no a funcionarios federales. Además, el control medioambiental corresponde al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, tal como se desprende de la propia página web del Ministerio de Medio Ambiente. Finalmente, Onel remarcó que ya se han realizado las actuaciones urgentes tendientes a hacer cesar el daño ambiental y las consecuencias más gravosas para las personas, en el marco de la investigación preliminar que dio origen a la causa.
El caso
La causa salió a luz luego del fallecimiento de Xiomara, de dos años, que tras intoxicarse con plomo debió ser trasladada desde Ceres hasta el Hospital de Niños de la capital provincial. La pequeña murió el 6 enero de este año por el alto índice de envenenamiento que presentaba en su cuerpo. Tenía en total tenía 1,98 gramos de plomo en sangre cuando los valores normales pueden llegar hasta 0,3 gramos. En paralelo, otros tres niños también fueron internados en el efector provincial por tener síntomas similares.
Todos, según establecieron los informes de laboratorio, tenían en su cuerpo considerables cantidades de plomo: 0,48 gr; 0,82 gr; y 0,23 gr. Con el correr de los días, esas internaciones terminaron esclareciéndose. Es que los menores internados residían con sus familias desde septiembre del 2020 en las instalaciones de la ex fábrica del barrio Las Américas que se encontraba abandonada desde el 2017 cuando la firma cerró sus puertas. Allí, quedaron dentro del predio distintos elementos industriales, entre ellos plomo, un metal altamente tóxico. Tras tomar estado público el caso, el fiscal federal Onel abrió una investigación por lo que solicitó, como primera medida, la clausura del predio y la inmediata desocupación del mismo.
Tal pedido fue avalado por el juez Rodríguez que ofició a Gendarmería para que controle que ninguna persona ingresara al predio. El 25 de enero, el municipio de Ceres, emitió un decreto -el 25 de enero- en donde declaró al predio de la ex fábrica como «zona no apta para ser habitada, por considerarse de riesgo ambiental y peligro sanitario». Semanas después, el 14 de febrero, personal del Ministerio de Ambiente provincial se sumó a las medidas de clausura
