Por qué las políticas públicas no alcanzan para frenar los femicidios

Fuente: (Por Sonia Tessa para Aire de Santa Fe)

Marina Espíndola, Celia Acosta, Melani Juárez. En una semana, tres mujeres fueron asesinadas en la provincia de Santa Fe. Celia y Marina habían pedido ayuda: no había móviles en Carcarañá, no se aplicó el protocolo de actuación ante denuncias por violencia de género a personal policial en Murphy. La consigna Ni Una Menos, que el viernes volvió a movilizar en la ciudad de Santa Fe, está lejos de ser realidad. ¿Por qué son asesinadas dos mujeres que recurrieron al Estado a señalar que estaban en peligro? “¿Qué política pública nos sigue haciendo falta para frenar tanta violencia machista?”, se preguntó esta semana Mujeres Evita, una organización social extendida a lo largo de todo el país que acompaña de cerca a las denunciantes.
 
Las políticas públicas son cada vez más robustas: hay leyes, Ministerios, presupuesto. ¿Por qué no llegaron a Melani, Marina y Celia? “Hay todo un circuito que se torna burocrático, desgastante, angustiante, y es el que debería brindar las medidas de seguridad”, dice Majo Poncino, militante de Mujeres Evita, con un amplio trabajo territorial.

  “El nivel comunitario es fundamental para la lectura del riesgo de las víctimas. Si el primer nivel de intervención del estado (municipios y comunas) no está fortalecido, las prácticas van a seguir siendo iguales: no puedo ir porque no tengo móvil, no te tomo una denuncia, podés hacer una exposición, todas prácticas que nosotras ya creemos superadas pero hay que seguir trabajando”, plantea Gabriela Sosa, referente de Mumalá.

 
Desde el Ministerio de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe, con las responsabilidades que implica la gestión, la subsecretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Ornella Grossi, puntualiza que “existe una gran dificultad a la que se enfrentan las mujeres y personas de la diversidad sexual en el camino de la ruta crítica. Tiene que ver con las desigualdades estructurales, con las relaciones de poder, con la forma en la que se construyen las relaciones, con la falta de oportunidades de las mujeres”.

  La pregunta es qué se pudo hacer y no se hizo. Grossi respondió que “en el caso del gobierno provincial, en cada femicidio, travesticidio o crimen por razones de género, analizamos si hubo alguna falla en alguna intervención de una institución pública o privada, y si falló el Estado vemos en qué instancia. Por ejemplo, en el caso del último travesticidio, donde no se dio aviso a tiempo a la justicia, la próxima semana tenemos un encuentro con los jefes de servicio de los hospitales más grandes de Santa Fe para revisar el cumplimiento de los protocolos y por supuesto, en cada caso se realizan las investigaciones necesarias”. Se refiere a Alddana Lorenz, quien ingresó al hospital Cullen el 24 de diciembre y murió el 4 de enero. El centro de salud no informó ni intervino ante la internación, motivada por una agresión del hermano de la víctima, que hoy está prófugo.

 El viernes a la tarde, la Justicia rosarina detuvo a Matías Domínguez, el único acusado por el crimen de Melani Juárez. Martín Jiménez, el novio de Celia Acosta, sigue prófugo. Gabriel Robles, el agente policial que mató a Marina Espíndola, se suicidó en el momento. Los agentes de esa violencia, los femicidas, forman parte de un engranaje social: no aceptan el fin de una relación, amenazan, quedan al amparo de prácticas estatales que desestiman el riesgo. Por eso, cuando Celia llamó para decir que su agresor se había acercado, pese a la prohibición judicial, le dijeron que no había móvil para asistirla.

  La psicóloga forense Rosalía Kobila –hoy pasada a disponibilidad– consideró que Robles estaba apto para recuperar su arma reglamentaria y no dio intervención al primer nivel de atención, como lo indican la ley de protección integral 26.485 y el protocolo vigente para las fuerzas de seguridad. Primer nivel de atención puede sonar un poco burocrático: quiere decir la comuna o el municipio donde vive la persona que sufre violencia.

 “El tema es cómo llega el presupuesto al territorio. Ese es el punto que nosotros conocemos muy bien, las organizaciones conocen los límites en la atención de una comuna porque conocen que una trabajadora social está repartida en cuatro o cinco comunas, entonces va a un día por semana a atender la situación. Y probablemente esté sola, no tengan una compañera psicóloga o si un día está la psicóloga, otro día está la trabajadora social, y no se encuentra con otra profesional. En lo concreto, todavía falta mucho. Sin endilgar la responsabilidad al primer nivel del estado, sino que la pregunta es cómo Nación, provincia, desde los tres poderes, fortalecen el primer lugar de la atención, que es también donde se debe hacer la prevención y la asistencia, y que es la policía donde vos vas, y que es el centro de salud que debería estar avisando que ese golpe no es casual”, describe Sosa.

 Con su experiencia militante, Poncino considera que “se debe acercar el estado al territorio, hay que ir al barrio. Es la única forma de implementar una política pública, porque si no, termina siendo la burocratización de las demandas”. Poncino lo sabe porque acompaña muchas situaciones: “Lamentablemente, el Estado y en general la sociedad funciona desde un aspecto burocrático. Para ingresar a un programa, por ejemplo al Acompañar (que brinda un salario mínimo durante seis meses a una mujer con riesgo alto en una situación de violencia machista) tenés que mandar un mail para pedir un turno, la conectividad no llega a los barrios. No todo el mundo sabe cuáles son las redes o los circuitos para denunciar, adónde dirigirse, en qué horario se atienden y cuando las compañeras van, las destratan, generan violencia institucional, por ser pobres, por ser mujer, por ser negras”.

 Para Poncino, una de las grandes fallas está en el seguimiento de los casos. “Muchas veces las organizaciones tenemos los nexos de cuidado o de acompañamiento y somos las que vamos acompañando a esa compañera, para saber lo que le pasa día a día”, afirma.

Cada femicidio genera un reclamo urgente, y Grossi subraya que “los cambios son lentos y hay que trabajar fuertemente en que las mujeres y las personas de la diversidad sexual rompan con los círculos de la violencia y puedan lograr y concretar su autonomía”. Por eso, dice que las respuestas estatales “no son espasmódicas y responden a una línea muy clara en la que venimos trabajando, de dar respuestas estructurales, como la Ley Micaela en todo el territorio provincial, en la policía, el trabajo articulado con Nación en la implementación del URGE, Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género para ser utilizado en cada institución que realice la toma denuncias, en la implementación del SICVGE, que es el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género el cual se utiliza como prueba piloto en la implementación del programa Acompañar, primera vez en la historia que las situaciones de violencia por razones de género son registradas de manera unificada en todo el país, y nuestra provincia cuenta con esa herramienta en más de 250 municipios y comunas teniendo la meta de llegar a los 365”.