El Senado de Santa Fe convirtió en ley la reforma de seguridad de Pullaro y dio media sanción al presupuesto 2027

La Cámara alta convirtió en ley el proyecto que amplía las herramientas del Estado para prevenir e investigar delitos. Además, aprobó por unanimidad el presupuesto provincial para 2027, que contempla recursos y gastos cercanos a los 19 billones de pesos y ahora deberá tratar Diputados.
Política20 de noviembre de 2026El DepartamentalEl Departamental

El Senado santafesino convirtió este jueves en ley la reforma de seguridad que impulsó el gobernador Maximiliano Pullaro. Con 15 votos afirmativos en general, la Cámara alta dio sanción definitiva al proyecto “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, que amplía las facultades del Estado para investigar y prevenir delitos y endurece las condiciones de detención de presos de alto perfil.

El oficialismo reunió el acompañamiento del justicialismo y aprobó sin cambios el texto que había recibido media sanción en Diputados el 5 de noviembre pasado. La aprobación fue unánime en general, con abstenciones en los artículos 5, 6 y 8 durante la votación en particular.

La sanción cerró un recorrido que había expuesto diferencias dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. En la Cámara baja, las negociaciones entre radicales y socialistas derivaron en modificaciones al proyecto original y terminaron con 37 votos a favor y 11 en contra.

Cambios
Entre los puntos eliminados quedaron las zonas de intervención policial especial y la posibilidad de tomar declaraciones en sede policial. Se mantuvieron el juicio en ausencia, nuevas herramientas de inteligencia, cambios en el sistema de recompensas y un régimen más restrictivo para detenidos considerados una amenaza grave para la seguridad pública.

La norma también amplía los supuestos de allanamientos urgentes sin orden judicial previa, con intervención fiscal y controles judiciales posteriores en los casos previstos. El paquete incluye herramientas para actuar sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas y mecanismos de protección de víctimas y testigos.

En el debate, el peronista Armando Traferri defendió el acompañamiento de su bloque y recordó que desde 2012 el justicialismo respaldó las emergencias en seguridad bajo gobiernos de distinto signo político. Sostuvo que hubo administraciones que acertaron más que otras, pero que el criterio del PJ fue escuchar las demandas sociales.

“Nosotros no especulamos”, afirmó. El senador sostuvo que, pese a los avances, quedan problemas por resolver y que la transformación del delito exige actualizar las respuestas estatales. “No estamos para trabar, estamos para colaborar”, sostuvo.

El apoyo del PJ del Senado contrastó con la posición mayoritaria del peronismo en Diputados, donde predominó el rechazo. Traferri fundamentó esa decisión en el mandato de los votantes y en el reclamo de mayor seguridad.

El senador por Rosario, Ciro Seisas, defendió las reformas aprobadas durante la gestión de Pullaro y afirmó que los homicidios bajaron un 70 por ciento en tres años. Presentó ese dato como un respaldo al rumbo elegido y pidió sostener las herramientas que dieron resultados.

Seisas sostuvo que las medidas duras deben aplicarse dentro de las garantías constitucionales y reivindicó la ley de microtráfico, que permitió avanzar sobre búnkeres de venta de drogas. Destacó los allanamientos urgentes, la inteligencia preventiva, el juicio en rebeldía y el régimen agravado para presos de alto perfil.

“No podemos tener un Estado que llegue tarde”, planteó. Para el legislador, las nuevas facultades deben permitir anticiparse al delito. Celebró, además, que el debate haya permitido mejorar el texto y llamó a dejar de lado la sobreideologización de la discusión sobre seguridad.

El radical Felipe Michlig también reivindicó el respaldo del Senado a la política de seguridad del Ejecutivo y contrastó la rapidez del trámite en la Cámara alta con los cinco meses y medio que demandó el tratamiento en Diputados.

“El Senado no juega a la política, no está especulando”, dijo el presidente provisional de la Cámara alta, que destacó que el acuerdo alcanzó a representantes de departamentos del interior que no atraviesan los mismos niveles de violencia que las grandes ciudades. Calificó ese acompañamiento como una actitud solidaria y responsable para dar herramientas a quienes deben garantizar la seguridad.

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