Un grupo de diputados hizo un pedido de informes a la Afip para conocer el estado de las investigaciones por posibles delitos fiscales sobre la empresa Vicentín, “en virtud de las razonables sospechas de haber realizado la conducta evasiva consistente en subdeclarar exportaciones”. La petición apunta a conocer si hubo subfacturación (declarar menos de lo que realmente se exporta) por parte de Vicentin.
Actualidad01 de julio de 2020
Carlos Lucero
Los diputados Luis Rubeo, Carlos del Frade y Lucila De Ponti entregaron a Néstor Ramón Guará, jefe de la División Operativa de la Aduana de San Lorenzo, un pedido de informes sobre las acciones legales contra Vicentín desde 2010 a la fecha.
Los informes del Banco Nación advierten “el notable crecimiento que habría verificado entre los años 2015 y 2018”, periodo en el que pasó de ser la 19º empresa con mayor facturación del país y la cuarta cerealera (en 2015) al 6º puesto general y primera en su actividad en 2018.
Allí se menciona el balance de 2018, según el cual Vicentín aportó a la Afip solo el 2,4% de las ganancias que declaró, mediante un mecanismo contable que le permitió retraer las ganancias aplicándolas al concepto de “resultado financiero y por tenencia incluido el resultado por el cambio del poder adquisitivo de la moneda”.
Ese balance informa que entre el 1º de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018 la firma Vicentin SAIC realizó ventas totales por $104.174,3 millones. Este total de ventas es el neto de haber extraído $12.241,8 millones por retención de exportación. Es decir, que el total de ventas sin descontar las retenciones fue de $116.415 millones (monto muy parecido al informado por la revista Mercado de $118.015); y por otro lado que las retenciones a las exportaciones representaron apenas el 10,5% del total de ventas.
La información de ventas permite observar que sólo $14.816 millones tienen que ver con el mercado interno, apenas el 12,7%; mientras que las exportaciones representan el 87,3% del destino de sus ventas. Por su parte, el costo de producción es de $74.000 millones, por lo que la ganancia bruta es de $30.186 millones. A esta ganancia bruta se le descuenta los gastos de administración, comercialización y otros, y queda una ganancia operativa de $25.745 millones. A esto se le agregan las ganancias por su participación en otras sociedades, que fue de $1.586 millones, lo que redunda en una ganancia de $27.331 millones.
Aquí aparece el ítem “resultado financiero y por tenencia incluido el resultado por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda”, que da en negativo nada menos que $25.486 millones. O sea, casi la totalidad de la ganancia operativa propia de la firma ($25.745 millones).
“Es como si todo lo que Vicentín hubiera ganado en pesos como consecuencia de sus ventas (el grueso de las cuales provienen de la exportación) una vez cubiertos los gastos de explotación y operativos, la firma considerara que son el resultado de la ganancia por devaluación del tipo de cambio y que como tal no debe computarse en el balance y por ende lo detrae en una sola línea”, explicaron los diputados.
“De este modo, descontando este ítem, a la empresa le queda una ganancia neta del período de $1.926,3 millones, de los cuales el 82% tiene que ver con los resultados por participación en otras sociedades y apenas el 18% representan al resultado de Vicentin. Es decir, los $1.926,3 millones representan apenas el 1,6% de los $116.415 millones de ventas de la firma en el período. Pero aún peor, si descuenta los resultados obtenidos por la participación en otras sociedades, en lo que respecta a Vicentin específicamente, la firma declara ganancia por apenas $340 millones; lo que representa nada menos que el 0,3% de sus ventas”.
En el informe también se registran notificaciones de deudas que la empresa ha recibido del Estado, principalmente por la falta de liquidación de retención de exportaciones de periodos anteriores. En efecto, como consigna en la página 54 de su balance, el 12 de octubre del 2012, la Aduana de San Lorenzo le intima a ingresar U$S 28.534.169 dólares en concepto de “diferencias de derechos de exportación”. Entre noviembre del 2012 y enero del 2013 siguieron llegándole notificaciones a la empresa por el mismo concepto, con un monto ahora de U$S 8.899.320 dólares. En ambos casos la empresa se presentó a la Justicia solicitando la nulidad de las actuaciones por estar viciadas de “nulidad absoluta”. La empresa, por recomendación de sus asesores, no ha hecho previsión legal por este litigio fiscal.
El 5 de abril del 2013 la Aduana de San Lorenzo le informa por resolución 373/2013, la apertura de un sumario contra la empresa por “presunta” falta de liquidación de divisas provenientes de exportaciones para operaciones de período 2012 – 2013, por una multa de $426,5 millones. Se terminó la etapa de alegato y de prueba y a la espera de la sentencia, la empresa tampoco ha realizado ninguna previsión por este litigio fiscal.
En el pedido a la Afip, los legisladores concluye que “es imperioso conocer cuáles han sido las actuaciones de la Aduana San Lorenzo para dilucidar la posible comisión de delitos tipificados en el Código Aduanero y en la Ley Penal Tributaria, en virtud de las razonables sospechas de haber realizado la conducta evasiva consistente en subdeclarar exportaciones, ocasionando de esta manera un perjuicio a las rentas nacionales y obteniendo al mismo tiempo la empresa un subsidio indebido decidido per se”.
Fuente: Pausa
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