El caso, tiene procesados a Patricia Sayago (43 años, abuela del niño), Ariel Malagueño (39 años, pareja de Sayago) y parte de la imputación a los dos sospechosos por el delito de trata de personas, en las modalidades de traslado y ofrecimiento, agravado por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por no poder esta valerse por sí misma, por la participación de tres o más personas, y por ser aquella menor de dieciocho años.

Para la Justicia entre el 18 y 21 diciembre de 2015 (fecha de la desaparición de Maxi Sosa) Sayago y Malagueño lo trasladaron desde Ceres hasta un inmueble llamado "El Chalecito", ubicado en Colonia Montefiore. El expediente consideró que allí el menor fue retenido y ocultado por lo menos hasta el 26 de junio del 2016.

Luego, creen los pesquisas, el niño fue entregado o "vendido" a una red de trata de personas cuyas identidades aún no pudieron ser establecidas.