En dicha reunión se expusieron las siguientes problemáticas comunes a las 4 localidades:
• Justicia: en esta área, dependiente del gobierno provincial, se evidencian escasas y burocráticas respuestas, con procedimientos inadecuados faltos de empatía, que continúan vulnerando los derechos de las víctimas. Esto se observa principalmente en casos de violencia de género y abusos, con principal incidencia en menores de edad.
• Seguridad: con una subejecución presupuestaria para el año en curso, se observa una total falta de inversión en todo tipo de recursos (humanos, económicos, infraestructura, elementos básicos de trabajo e insumos de oficina). Frente a esta situación, son los gobiernos locales los que asumen la responsabilidad de dar una respuesta ante una problemática acuciante, haciéndose cargo del abastecimiento de combustible y mantenimiento de móviles, entrega de elementos de oficina y hasta brindando espacios de trabajo, tal como ocurrió en la ciudad de Ceres con la instalación del Comando Radioeléctrico dentro del edificio del C.P.C.
En lo que respecta a recursos humanos, en comparación con otros departamentos de similar territorialidad, contamos aproximadamente con un 50% menos de personal policial, lo que hace sumamente difícil poder responder efectivamente ante los casos de inseguridad y prevención del delito. Otra problemática que se evidencia en esta área, y que preocupa a las autoridades locales, es la venta y consumo de sustancias ilegales que provocan serios perjuicios a distintos sectores de la comunidad, particularmente en los jóvenes, lo cual deriva en situaciones de violencia, suicidios y conductas delictivas. Por este motivo, se solicitará una audiencia con el Fiscal Federal, competente en esta materia, para que acelere los procesos de investigación y juzgamiento. Asimismo, consideramos fundamental el trabajo articulado entre las distintas áreas del gobierno provincial para alcanzar un abordaje integral.
Teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado, entre otras situaciones que agravan el panorama, todas las localidades presentes requirieron en reiteradas oportunidades, y a través de distintos mecanismos (programa Más Comunidad y Ley de Seguridad Pública), cámaras de videovigilancia. Sin embargo, aún no se han obtenido respuestas por parte del Ministerio de Seguridad Provincial.
• Salud: tal como sucede en las anteriores dependencias provinciales, la salud se ve resentida por la inacción de las autoridades del gobierno de Omar Perotti. Las deficiencias en este sistema generan grandes erogaciones para los gobiernos locales que deben afrontar gastos de traslados, alojamiento, asistencia a los ciudadanos, adquisición de medicamentos e insumos, cubriendo también contratos con médicos, enfermeros y demás personal de salud. Un área que se ve fuertemente afectada por esta situación es la de salud mental, la cual no cuenta con profesionales suficientes, capaces de acompañar a quienes sufren esta problemática, generando graves e irreversibles consecuencias para la sociedad.

Una cuestión transversal a las áreas mencionadas, y que causa especial preocupación en todas las localidades, es la designación de un médico/a policial. La ausencia de tal profesional en nuestro departamento provoca que en casos de siniestros o delitos que afectan la integridad de las personas, las víctimas y las familias sean sometidas a largas esperas burocráticas, que generan una nueva vulneración de sus derechos.
Como plan de acción, se solicitará a las autoridades provinciales a cargo de cada área urgentes reuniones que permitan diagramar acciones en conjunto capaces de dar respuestas a las problemáticas tratadas anteriormente.

Firman las siguientes autoridades municipales y comunales:
Horacio Rigo, intendente de San Cristóbal / Alejandra Dupouy, intendente de Ceres / Hugo Boscarol, intendente de Suardi / Silvana Romero, presidenta comunal de Hersilia