Las cooperativas y mutuales verán recortado su presupuesto en 2025, aunque son superavitarias

La relación del gobierno de Javier Milei y las cooperativas y mutuales de todo el país no empezó de la mejor manera. De hecho, hace poco el vocero de Presidencia había anunciado que iba a suspender la operatoria de todas las entidades creadas en los últimos cuatro años, unas 12.407 distribuidas en todo el territorio, generalizando casos específicos, desconociendo particularidades y poniendo un manto de corrupción al sistema.

Desde una visión prejuiciosa sobre el cooperativismo y la colectividad, en línea con el individualismo ideológico y el desplazamiento del Estado de cualquier función de asistencia, el Gobierno recortó gastos y suspendió políticas públicas con el argumento de realizar auditorías, purificar padrones y desenmascarar mafias enquistadas en lo público.

Se denunciaba que el padrón de mutuales y cooperativas había aumentado un 138% entre 2020 y 2023, al pasar de 9.978 a 23.836, sin tomar en cuenta que muchas de estas organizaciones se armaron en forma improvisada y solidaria para enfrentar a la pandemia por agrupaciones sociales y sectores populares.

Desde el discurso oficial y oficialista también se acusaba a cooperativas fantasmas porque en un relevamiento parcial, como ocurrió con algunos comedores y merenderos autogestionados en barriadas humildes, ya no estaban en los domicilios declarados, cuando muchos habían cerrado, estaban inactivas o tenían una itinerancia propia de la disponibilidad de insumos y herramientas para trabajar en una zona u otra.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social tiene la misión de fomentar el desarrollo, la educación y la promoción de la acción cooperativa y mutual en todo el territorio nacional asistiendo técnica, económica y financieramente a las entidades que correspondan. Todavía no hay un padrón fehaciente, pero se estima que hay alrededor de 19.000 organizaciones en todo el país. Además hay casi 3.900 mutuales registradas que agrupan a 10 millones de usuarios y generan 35.000 puestos de trabajo.

Más allá de algunos casos dudosos o que puedan ser judicializados, como hizo la propia ministra Sandra Pettovello, en la anterior gestión del INAES y del Ministerio de Desarrollo Social se logró depurar padrones, que muchas cooperativas regularicen sus matrículas, pongan al día sus papeles, realicen balances contables y aseguren la transparencia en la gestión de los fondos públicos.

Tal como lo hizo durante toda la presidencia de Mauricio Macri, Marcelo Oscar Collomb es hoy el presidente del Directorio del INAES, que depende del Ministerio de Capital Humano, si bien el organismo cuenta con un doble financiamiento propio. El impuesto sobre el capital de las cooperativas y uno adicional, ambos con asignación específica, a través de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas y Mutuales, que se creó por ley en 2019 y por el término de 4 años.

El impuesto que grava a estas organizaciones y entidades tiene una alícuota del 2% sobre el capital social y se destina la mitad según la Ley de Coparticipación Federal entre la Nación y las provincias más CABA, y la otra mitad al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (Ley 23427). Además, las dedicadas a las actividades financieras y de seguros, pagan la contribución especial que es del 4% del capital social alcanzado o del 6% si éste supera los $100 millones.

A diferencia de otros institutos o programas nacionales, en los que el actual gobierno puso la lupa, redujo los gastos y ajustó fuerte para contribuir al equilibrio fiscal general, el monto por el cobro del impuesto específico que pagan las entidades del sector triplica al presupuesto anual vigente.

De acuerdo con los datos disponibles el financiamiento vigente del organismo es de $18,616 millones, de los que $14.248 millones provienen de recursos propios, sin embargo hasta agosto pasado la recaudación de la AFIP por ese impuesto sumó $42.844 millones. 

No se sabe cuánto de ese monto fue transferido al INAES hasta el momento, es decir del 50% a distribuir de manera automática y federal, algo más de $21.000 millones recaudados hasta el mes pasado, pero está claro que lejos de necesitar un recorte el sistema de las cooperativas y mutuales es superavitario.

De hecho, más allá de  la recaudación impositiva específica que fue cobrada pero aún no girada, al organismo cooperativo y mutual le restan más de $10.200 millones para ejecutar desde el mes próximo hasta fin de año, salvo que el Ejecutivo decida no transferirlos o cambiar su destino.

Como el presupuesto actual proviene del nacional prorrogado, las cooperativas y mutuales están atentas no sólo a qué pasará hasta fin de año sino cómo prepararse para el próximo. Cuando el presidente asistió a Diputados para presentar el Presupuesto de la Administración Pública Nacional no fue explícito, pero dentro de las miles de páginas de la ley de leyes está la información que las preocupa.

El déficit cero es la prioridad mayor y por eso anunció que se profundizará el nivel de recortes del gasto público en el Presupuesto 2025. En el caso del INAES no sería necesario un ajuste, pero como se le asigna un total de $21.870 millones, queda claro que el Gobierno le aplica un aumento presupuestario interanual del 17,5%, sobre una inflación proyectada del 18,3%. 

Pese al optimismo oficial, el mercado y gran parte de los economistas locales estiman que el índice de precios a diciembre de 2025 sería superior al 30%. Sobre esa base, desde el cooperativismo no ven una retracción cercana al 1% como surge de la ley de leyes que deberá debatirse en el Congreso sino un recorte de fondos mucho mayor.

De esos más de $21.000 millones, el Gobierno calcula que $10.876 millones se destinarán a gastos de personal, $8.914 millones a transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes y de capital y $1.373 millones en servicios básicos, alquileres, pasajes, servicios técnicos, mantenimientos. 

El resto de los fondos se repartirá entre bienes de consumo, bienes de uso e incremento de activos financieros. Pero en el proyecto de presupuesto se estima que por el impuesto a las cooperativas ingresarán $69.572 millones, por lo tanto restando el gasto calculado el organismo tendría un resultado financiero positivo de casi $50.000 millones.

Esa disponibilidad del superávit proyectado, como la del actual ejercicio, estará sujeta a lo que defina el PEN a través del Tesoro. Y a eso está atenta no sólo la comunidad federal de cooperativas y mutuales, sino también cada uno de los trabajadores asociados a ellas, que necesitan toda la cobertura financiera disponible para afrontar la evolución de la depresión económica actual y cuidar las fuentes de trabajo.

En el Informe de Monitoreo del Programa Anual del INAES publicado en marzo del año pasado se informaba que del total el 79% son cooperativas de trabajo, mientras que un 6% proveen servicios públicos, un 4,4% viviendas y construcción y las agropecuarias un 4,2%. A nivel nacional, casi el 57% se ubican en la región centro, siendo la provincia de Buenos Aires la que reúne la mayor cantidad de entidades seguida por CABA.

“En un país donde el 50% de la masa laboral está por fuera del trabajo asalariado, las cooperativas son una herramienta consolidada de trabajo. Desdeñar a las cooperativas de trabajo es de una miopía política imperdonable”, decía hace poco Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados.

Por contraste, en mayo pasado el gobernador bonaerense Axel Kicillof elevó la categoría del área pública provincial encargada del tema con el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y puso al frente a uno de los principales referentes del Movimiento Evita y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

“Nosotros entendemos que el sector cooperativo está integrado plenamente en la estrategia productiva de nuestra provincia y la valorización de la solidaridad, el fomento cooperativo. Todo lo que está vinculado al cuidado de los puestos de trabajo es una prioridad en este escenario de crisis y de estigmatización que plantea el gobierno nacional”, afirmaba en un reportaje a Tiempo Argentino Gildo Onorato, titular de ese organismo bonaerense.

En un contexto de estanflación y recorte de políticas nacionales específicas, el sector ahora tiene un respaldo mayor desde el ámbito estatal de la provincia de Buenos Aires para apuntalar a sus casi 7.000 cooperativas con 200.000 socios de distintas actividades productivas. 

Este universo representa casi el 12% del PBI provincial y contiene a 182 empresas recuperadas desde hace décadas, otras que incluso exportan y además están las que distribuyen electricidad, que acumulan un abultado endeudamiento con CAMMESA por las sucesivas subas de tarifas.