El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, imputó a los 14 directivos de Vicentin por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el default de la agroexportadora, al síndico Omar Scarel como partícipe necesario, y al director financiero del grupo Roberto Gazze y a Miguel Vallazza, por el estafa.
También imputó a todos los directivos por el delito de estafas en carácter de coautor contra los acreedores granarios de quienes recibió granos hasta el momento de declararse en estrés financiero y posterior cesación de pagos. En este caso en base a cinco hechos que involucran maniobras cometidas contra empresas como Cuatro Hojas y Commodities.
Por otra parte, la imputación recayó contra todos los directivos por el delito de estafa contra el Banco Macro y se imputó en forma personal a Daniel Buyatti por el delito de apropiación indebida de tributos.

Los imputados fueron Daniel Buyatti; Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin y Yanina Boschi, Miguel Vallatta, Omar Scarel y Raul González Arcelus. Este último no participó de la audiencia presencial.

La audiencia de hoy pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves, fecha en la cual los defensores de los imputados harán su descargo, ya que señalaron que tienen que analizar en detalle una evidencia electrónica de 36 millones de archivos que les llegaron a último momento.

Luego de ese proceso, se dispondrán las medidas cautelares, entre las que se prevé contempla medidas más severas, entre las que podría estar la presión preventiva para los imputados.

La decisión del fiscal Moreno de pedir prisión preventiva para los imputados es una de las novedades del proceso y surge de la investigación que viene realizando hace casi un año y medio, cuando se abrió la causa penal en Rosario.

La investigación se enfocó en la actividad desarrollada por parte de los representantes del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin, que “habrían celebrado contratos de compra venta y recibiendo mercadería, sabiendo y conociendo la imposibilidad de afrontar los pagos de la misma”.

En julio del año pasado el fiscal Moreno aceptó abrir una investigación penal sobre los directivos de Vicentin. En momento la investigación se enfocó en la actividad desarrollada por parte de los representantes del órgano de dirección y fiscalización de la empresa, quienes “habrían celebrado contratos de compra venta y recibiendo mercadería, sabiendo y conociendo la imposibilidad de afrontar los pagos de la misma”.

En transcurso de un año y medio de investigación, la causa sumó denuncias, diligencias y expedientes. Se integraron como querellantes el principal acreedor comercial, los bancos extranjeros y el Banco Macro. La semana pasada, el Banco Nación, que interviene en causas en la Justicia federal y en la ciudad de Santa Fe, se presentó en Rosario para que se investigue a la consultora que auditaba los balances de Vicentin. Es que una de las líneas de investigación es la falsificación de balances para engañar a los acreedores.

Esta última sospecha forma parte de las conclusiones a las que llegó la auditoría forense realizada en el marco del concurso preventivo de acreedores. En su informe, los auditores señalaron que el súbito desplome de Vicentin en 2019 no fue tal, sino la consecuencia de una crisis que arrastraba desde años anteriores y fue ocultada a los acreedores.