Por el caso resultaron intoxicadas 21 personas y una de ellas, una nena de 3 años, murió en el hospital de Niños. Se tomaron indagatorias y en septiembre el juez federal de Rafaela declaró la incompetencia. Ahora el MPA de San Cristóbal quiere declarar la incompetencia de la causa.
Mas Secciones - Judiciales14 de febrero de 2022
Carlos Lucero
El juez penal de la ciudad de San Cristóbal, Gabriel Peralta, deberá definir en los próximos días si declara o no la incompetencia de la Justicia provincial en el marco de la causa que investiga la intoxicación con plomo de 21 personas que entre el 2020 y 2021 ocuparon ilegalmente el predio de una exfábrica de baterías de la ciudad de Ceres.
El pedido fue realizado en diciembre del 2021 por la fiscal Silvina Verney, del Ministerio Público de la Acusación de esa jurisdicción, quien planteó que la causa vuelva a la Justicia federal de Rafaela donde inicialmente se instruyó la investigación y que tras tomar una serie de indagatorias remitió las actuaciones al fuero provincial.
Si bien sobre el pedido de la fiscal no fueron revelados detalles, extraoficialmente trascendió que la funcionaria planteó la incompetencia tras argumentar que fue el fuero federal quien en su momento, cuando el caso salió a luz, pidió a la Fiscalía de San Cristóbal y a la de Santa Fe capital no intervenir ante el inicio de una pesquisa instruida en la Fiscalía federal de Rafaela, cuya cabeza es el fiscal Gustavo Onel.
En caso de que el juez Peralta falle a favor de la Fiscalía, la causa -conformada por nueve cuerpos- deberá regresar al Juzgado Federal de Rafaela que por estas horas se encuentra a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo, quien también encabeza el Juzgado de San Nicolás, en provincia de Buenos Aires.
Ahora bien, si desde el Juzgado corren vista a la Fiscalía federal y desde último organismo mantienen su postura de que la causa debe seguir su curso en el Ministerio Público de la Acusación de San Cristóbal se generaría un problema jurisdiccional entre ambos fueros por lo que el incidente debería ser zanjado por un “tribunal superior común”, que este caso podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El caso en cuestión investiga la intoxicación de 21 personas que supieron ocupar un predio abandonado de la exfábrica de baterías de la ciudad de Ceres, Nesaglo SA. Por la intoxicación murió en el hospital Orlando Alassia de Santa Fe una niña de tres años identificada como Xiomara Crespin cuyo cuerpo tenía 1,98 gramos de plomo en sangre. Una suma muy superior a los valores normales que son 0,3 gramos.
La muerte ocurrió el 6 de enero del 2021 y generó un fuerte cimbronazo en las autoridades municipales y sanitarias de la localidad del norte provincial. Es que, día después del fallecimiento de la niña, ingresaron al hospital santafesino otros tres niños producto de una fuerte intoxicación en plomo. Sin embargo, los menores lograron salvar su vida y fueron dados de alta.
A raíz del fallecimiento y la intoxicación de los menores, se iniciaron dos causas judiciales en la Justicia provincial. Una, que investigó la muerte de Xiomara y que se tramitó en la Fiscalía de Homicidios de Santa Fe capital (cuyo fiscal fue Martín Torres); y la otra, que apuntó a la intoxicación de otras personas que residían en el predio, y que se tramitó en el Ministerio Público de la Acusación de San Cristóbal. En paralelo a esas pesquisas, el fiscal Onel, inició de oficio otra investigación por lo que pidió a sus pares de la Justicia ordinaria que se inhiban.
Por la pesquisa, el entonces juez federal Reinaldo Rodríguez dispuso la clausura preventiva del establecimiento ubicado Tucumán y Larrea del barrio Las Américas. Con posterioridad, el fiscal Onel delegó al personal de la Policía Federal Argentina que lleve a cabo una pericia en el establecimiento que fue ocupado por distintos grupos familiares usurparon el predio en septiembre del 2020.
Aquella pericia reveló que la “inhalación y contacto físico” fue la causa de la intoxicación de las familias que se asentaron en las instalaciones de la exfábrica y no el consumo de agua, tal como se había sospechado en el inicio de la investigación.
Tras recibir la pericia, el fiscal Onel pidió la indagatoria para Mónica Mabel Ucero, quien se desempeñó a cargo de la Dirección General de Desarrollo Sustentable Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático; y Norma Inés Orellano, que figura como titular del predio que fue ocupado entre septiembre del 2020 y enero de este año por cuatro familias.
Dicha indagatoria se llevó a cabo el 1 de agosto en el Juzgado Federal, sede judicial en donde se le imputó a las dos mujeres distintos cargos. En el caso de Ucero, se le atribuyó haber permitido, por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, la contaminación con plomo en las instalaciones del predio donde funcionó la fábrica de baterías ubicada en Tucumán y Larrea del barrio Las Américas.
En esa línea, la funcionaria fue acusada además de no haber intimado a la empresa, cuando cerró sus puertas en 2017, a que lleve a cabo el “plan de cierre” contemplado en los artículos 24 y 25 del decreto provincial N°1844/02, que regula a las empresas que hayan manipulado metales o residuos industriales y luego cerraron sus puertas.
Tal norma prevé que cada firma elabore un informe que describa los posibles pasivos ambientales y métodos de remediación del lugar de generación y aledaños; un programa de monitoreo de suelos y aguas subterráneas por el término que la autoridad de aplicación estime necesario; la descontaminación de los equipos e implementos no contenidos dentro de la celda o celdas de disposición, como contenedores, tanques, restos, estructuras y otros que hayan sido utilizados o hayan estado en contacto con residuos peligrosos; calidad, cantidad y disposición final de los residuos peligrosos existentes.
En lo que respecta a Orellano, durante la indagatoria le imputaron contaminar con plomo -por impericia en el propio arte o profesión- el agua, el suelo, elementos vegetales y otros elementos sólidos del predio que tuvo su cierre en 2017. Tal acusación recayó sobre la mujer oriunda de Ceres, ya que la misma formó parte del directorio que administró la empresa que fabricaba baterías.
Un mes después de esas indagatorias, el fiscal Onel, solicitó que se declare la incompetencia de la Justicia federal y se remitan las actuaciones del caso al Ministerio Público de la Acusación de San Cristóbal.
Tal pedido, que fue luego avalado por el juez Reinaldo Rodríguez, se dio bajo el argumento de que la investigación reveló que no se encuentra afectado el interés nacional ya que se acreditó que el “daño ambiental quedó circunscripto al predio de Nesaglo”.
Finalmente, en diciembre, a pocos días de iniciar la feria judicial, la fiscal Verney presentó un escrito ante el juez Peralta en donde pidió la incompetencia de la Justicia provincial, situación que deberá ser resuelta en los próximos días por el magistrado de primera instancia de San Cristóbal.
Fuente: Aire de Santa Fe
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