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Muerte y contaminación en Ceres: reclaman que la Justicia investigue a fondo

El secretario General de la UOM Rafaela, Roberto Oesquer dijo que es una injusticia el procesamiento de la empleada Norma Orellano. La fábrica que cerró en 2017 dejó 41 personas en la calle y un grave pasivo ambiental por contaminación con plomo.

Actualidad 12 de noviembre de 2022 Por Ramiro Muñoz Por Ramiro Muñoz
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La causa Nesaglo sigue haciendo ruido. “Norma Orellano siempre fue una empleada más. La Justicia no tendría que caerle a ella; debería averiguar un poco más, porque ella fue un montón de años empleada, y los responsables de haber cerrado la empresa y tantos años de contaminación son los integrantes de la familia Sabena de Ceres, que fueron los dueños históricos, y este hombre llamado José Levy, al que le traspasaron la empresa después de despedir a todo el personal, pero duró dos meses”.

Roberto Oesquer sabe de lo que habla. Es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica seccional Rafaela, el gremio que representaba a los trabajadores de la firma Nesaglo –durante 40 años dedicada a la fundición de plomo y fabricación de placas para baterías de autos– de Ceres, tristemente célebre porque cerró en 2017, dejando 41 personas en la calle. Además, dejó un grave pasivo ambiental que ya produjo la muerte de la beba Xiomara Crespin, en 2021, y la contaminación por plomo en sangre de una veintena de personas, además del plantel completo de trabajadores.

Y Norma Orellano es la empleada administrativa con 26 años de antigüedad de Nesaglo al que la Justicia federal de Rafaela procesó en octubre pasado como responsable de ese pasivo ambiental y sus graves consecuencias. El motivo: aparentemente figura como vicepresidenta en un acta que nunca fue inscripta formalmente durante un periodo de dos meses cuando la fábrica estaba cerrada y los trabajadores intentaban mantener sus fuentes de trabajo.

Sin embargo, la fiscalía y el juzgado procesaron a la empleada Norma Orellano, le trabaron inhibiciones y un embargo por 10 millones. Le achacan no haber cumplido con la ley nacional 24.051 de residuos peligrosos que manda a los responsables a ejecutar un plan de cierre para “evitar y sanear la actividad contaminante”. Dejaron afuera de todo reproche a los dueños de la empresa, que acumularon semejante pasivo ambiental durante cuatro décadas. Es la familia Sabena a la que refiere Oesquer.

Las intervenciones del fiscal Gustavo Onel que pidió el procesamiento y del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque que le dio luz verde no tuvieron en cuenta que en realidad Norma es una de las tantas víctimas: en enero de 2017 fue despedida como el resto de los 41 empleados, de los cuales el ciento por ciento fue contaminado con altos niveles de plomo en la sangre. De hecho Orellano y el resto son demandantes en la justicia laboral contra Nesaglo y la familia Sabena.

Norma hoy trabaja en un supermercado de Ceres, empleo que consiguió varios meses después del cierre de la fábrica. Mientras tanto, las integrantes de la familia Sabena viven en Ceres sin reproche judicial alguno.

Desde la sede del sindicato metalúrgico en Rafaela, Oesquer responde a la consulta de AIRE. “Norma siempre fue empleada. Lo que ocurrió allí es que los dueños primero quisieron meter la empresa en concurso y, dentro de ese marco, le hicieron una cesión a un hombre que se llama José Levy, de provincia de Buenos Aires, pero duró dos meses y después no pagó más los sueldos ni nada de lo prometido”.

“Yo no estaba al tanto, pero ponele que Norma firmó para que la empresa pudiera reabrir y la gente trabajar. Los problemas no empezaron ni terminaron esos dos meses. La justicia no tendría que caerle a ella, debería averiguar un poco más”, insiste, Oesquer quien aclara que “tenemos todas las actas si las requiere las justicia, también las tiene la provincia porque todo se hizo formalmente”.

“Personalmente, estuve hablando con Norma, vamos a ayudar en todo lo que sea posible, porque es un injusticia, cuando leí lo del procesamiento no lo podía creer”, adelantó el dirigente sindical, para quien el cierre de la empresa y ese traspaso a José Levy, que solo estuvo dos meses, de marzo a mayo de 2017, “fue todo muy turbio y oscuro, había algo raro”.

Refrenda ese parecer con una anécdota: “En una de las audiencias en el Ministerio de Trabajo, en Santa Fe, adelante mío y de los funcionarios, pretendió que la provincia le dé un dinero importante para poner en orden la fábrica y seguir produciendo. Ese fue el desencadenante, todo raro en la negociación entre la familia Sabena y Levy. Obviamente, la provincia no podía financiar a un particular, entonces la mandaron a la quiebra”.

También los trabajadores de Nesaglo creen que el proceso de cierre de la empresa y la posterior aparición de Levy fue muy raro.

Demis Palacio trabajó 10 años en Nesaglo como empleado administrativo, en el escritorio al lado de Norma Orellano. “Nosotros presentíamos alguna maniobra, porque trabajábamos en la administración y veíamos movimientos de papeles, situaciones como que no se pagaban leyes sociales, cambio de titularidad de bienes, y eso nos llamaba mucho la atención. Lo hablamos entre los compañeros, como todo el mundo, y un día, de un momento para el otro nos despiden, con una mano atrás y la otra adelante. Había compañeros que trabajaron toda la vida en la fábrica de los Sabena. Hace 6 años que estamos en juicio, nunca pagaron un peso”.

El 3 de enero de 2017 “estábamos de vacaciones, nos convoca una de las hermanas Sabena (propietaria de la fábrica) a la empresa y nos notifica que estábamos todos despedidos, que la fábrica la cerraban. Fue todo en un tono un poco burlón. Nos sentimos muy mal, porque imagínate que de un día para el otro te den esa noticia” recuerda Palacios, que se desempeñaba como empleado administrativo.

“Siempre los dueños de Nesaglo fueron la familia Sabena, eso es de público conocimiento, todos lo saben acá en Ceres. Nos despiden, empezamos a pelearla con todos los compañeros, a ver si por lo menos nos indemnizaba con un monto considerable… al menos si no era todo lo que correspondía, porque había gente de mucha antigüedad”.

Para Palacio “hubo muchas cosas raras, nos dejaron en la calle sin nada, gente de arriba de 50 años, que había trabajado toda la vida en la fábrica, y la dejaron sin nada de un día para el otro, sin una salida. Mucha gente la pasó muy mal, las ayudas que hemos recibido han sido muy pocas”. A pesar de que en su momento “intervino el Ministerio de Trabajo, los políticos de la zona y la Unión Obrera Metalúrgica seccional Rafaela no conseguimos nada”, recuerda con gusto agrio.

Con la fábrica cerrada en enero, en febrero viene Levy con una oferta muy esperanzadora, nosotros lo teníamos como una buena persona porque era cliente de Nesaglo. Nos dijo que iba a hacerse cargo de la empresa, con todos los empleados, reconocía antigüedad, todo. Él mismo nos dijo que quería que uno de los empleados sea vicepresidente, que iba a ser Norma, pero yo que trabajaba ahí jamás vi ningún acta firmada por ella asumiendo el cargo. Y de hecho puedo dar fe que nunca ejerció esa tarea. Norma fue una compañera más, trabajábamos uno a la par de otro en el escritorio y siempre desempeñó sus tareas administrativas. Ni daba órdenes ni nada. Los que tomaban decisiones eran Levy y Ochoa (un hombre que él primero trajo para dirigir la empresa)”.

Como Oesquer, Palacio también cree que la Justicia federal cometió un serio error al procesar a la empleada Norma Orellano: “Creo que esa acusación que le están haciendo es muy desagradable, porque todo el mundo sabe que no es así, todos saben acá en Ceres como es la historia de Nesaglo”.

Fuente Aire de Santa Fe

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