Funcionarios de los ministerios de Salud; Desarrollo Social e Igualdad, Género y Diversidad mantendrán el lunes venidero un encuentro, reservado, con integrantes de la comisión de Género, Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados donde darán detalles del accionar del Poder Ejecutivo ante el caso de la niña de 12 años, embarazada producto de una situación de abuso intrafamiliar, en una localidad del departamento Castellanos.

El encuentro es producto de la nota enviada al gobernador Omar Perotti por la comisión de Diputados que encabeza Lucila De Ponti (PJ) donde plantea una serie interrogantes sobre el accionar de las distintas áreas del Ejecutivo. "Será una reunión reservada, con informe oral. Es un tema muy delicado. Hay protocolos para el tratamiento de estos temas que tienen que ver con la privacidad de las víctimas", recalcó un vocero de Casa Gris ante la consulta de El Litoral.

 En tanto, otros cuatro diputados enviaron un escrito a Perotti planteado una serie de requerimientos. En este caso lleva las firmas de Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico), Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular).
La Comisión de Género le expresa a Perotti en la nota "la profunda preocupación por los hechos acontecidos en relación al caso de la niña de 12 años embarazada producto de una situación de abuso intrafamiliar que luego de manifestar legalmente, tanto ella como su madre, la voluntad de interrumpir el embarazo, fuera retenida por la organización Grávida con el objetivo de impedir que se llevara a cabo el procedimiento". Admitiendo el amparo legal sobre el caso y teniendo en cuenta "la extrema vulnerabilidad de la niña y a la gravedad del caso así como la necesidad de garantizar su interés superior" le plantea cuatro puntos que son los serán analizados en la reunión del lunes.

Detalle del protocolo de actuación implementado por los agentes estatales intervinientes al recibir el caso, cuales fueron las áreas involucradas de los distintos ministerios así como la intervención detallada de cada área y los tiempos establecidos para llevar a cabo el procedimiento.
* Si fue previsto un dispositivo de acompañamiento permanente para la niña y su madre desde el momento en que fue abordada la situación hasta la fecha prevista para la realización del procedimiento. Si la fecha establecida para la realización del mismo se debió a la disponibilidad de personal capacitado y dispuesto para llevarlo a cabo.
* Si pudo identificarse la responsabilidad respecto de la violación a la intimidad de la niña y su familia que implica la difusión de la información respecto de su decisión de realizar el procedimiento de interrupción del embarazo.
* De confirmarse las denuncias acerca de las acciones realizadas por la ONG Grávida, las cuales resultan violatorias de las leyes vigentes en materia de protección de Niñas Niños y Adolescentes, si se iniciaran las acciones correspondientes ante la Justicia.
En tanto, en la nota de los diputados de izquierda, le señalan a Perotti que "resulta evidente, que el acompañamiento y el monitoreo del caso a la víctima y su madre por parte de las autoridades estatales en cumplimiento de deberes legales fracasaron rotundamente. La captación de la niña y de su madre por la organización Grávida, luego de haber radicado la denuncia de abuso y manifestar clara e indubitablemente su voluntad de acceder al derecho a la interrupción legal del embarazo privó a la niña a acceder a ese derecho al mismo tiempo que obstaculizó la actuación del Estado provincial. La sorprendente facilidad con la cual la institución Grávida sustrajo a la niña y a su madre de la actuación de Estado son demostrativas de claras y serias falencias en relación al servicio de resguardo de víctimas y las condiciones de cuidado que el Estado debe proveer ante estas delicadas situaciones".
Le recuerdan que "el Estado es responsable de proteger a las niñas en situaciones de abuso, y de frenar la violencia que implica ser obligadas a parir, evitando que vuelvan a ser victimizadas y sometidas a coacción de ningún tipo. El Estado Provincial debe garantizar el acceso a las víctimas a los dispositivos específicos. La concreción de esta protección es un derecho humano", afirman.
Tras plantear ocho interrogantes, los firmantes consideran "imperioso que la respuesta que reciba la sociedad sea contundente y palmaria de la vocación de las autoridades por el cumplimiento de las leyes y el acompañamiento de las mujeres y niñas víctimas de violencia de cualquier tipo"

Comisión
La comisión de Género, Mujeres y Diversidad es la última incorporada al reglamento de la Cámara y fue constituido el año pasado para entender en esas temáticas. Además de la justicialista De Ponti, la comisión está integrada por Gisel Mahmud (PS) que es la vicepresidenta; Agustina Donnet (Igualdad), Betina Florito (Encuentro Republicano Federal), Rosana Bellatti (PS), Silvana Di Stefano (UCR - Evolución), Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura), Mónica Peralta (Gen) y Maximiliano Pullaro (UCR - Evolución).