Carlos Lucero
El Consejo de la Magistratura citó a declarar el próximo martes 5 de noviembre a la diputada socialista Lionella Cattalini, quien denunció penalmente al magistrado y cuestionó su actuación por “retrasar las investigaciones sobre el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado", señalando que su proceder “habría permitido la expansión de actividades criminales y el aumento de la violencia en Rosario”.
Cattalini sostuvo en su denuncia que Bailaque, a cargo del juzgado federal de Rosario, obstaculizó las pesquisas contra Alvarado desde 2013, a pesar de contar con información relevante para actuar. “Durante el tiempo que se demoraron las investigaciones, Alvarado acumuló poder y provocó decenas de crímenes en nuestra ciudad. Por eso, necesitamos respuestas sobre por qué no se actuó a tiempo”, afirmó.
En abril de este año, la diputada solicitó al Consejo de la Magistratura un informe sobre el estado del expediente iniciado en 2022 por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. La insistencia está relacionada a que recién este año, el Consejo decidió abrir un sumario contra el juez federal.
En agosto pasado, Cattalini presentó en la justicia federal de Rosario y en el Consejo de la Magistratura de la Nación una denuncia formal contra el juez federal Marcelo Bailaque donde -además de cuestionar el proceder del juez- la diputada expuso una posible red de corrupción que vincularía a Bailaque con el contador Gabriel Mizzau, quien, además de manejar los balances de las empresas de Alvarado, también ocupaba el cargo de contador personal del juez.
Cattalini denunció también la contratación sin concurso de Sebastián Mizzau, hijo del contador, en el juzgado de Bailaque, quien recientemente fue ascendido al Tribunal Federal Oral N°3 de Rosario. “Es inadmisible que un juez federal comparta contador con el principal líder del narcotráfico en la provincia y contrate a su hijo en el juzgado. La lucha contra el narcotráfico requiere funcionarios judiciales íntegros y comprometidos”, sostuvo.
La legisladora subrayó la necesidad de “identificar a los responsables que permitieron la impunidad en estos casos”. “En Rosario la justicia federal llegó siempre tarde. Hay responsables que tienen nombre y apellido, y que durante mucho tiempo se valieron de escritorios y anonimato. Si no cortamos con los círculos de corrupción e impunidad no vamos a terminar con el espiral de violencia”, dijo.
En el mismo sentido agregó que “el narcotráfico es un negocio multifacético, multidimensional, con una enorme capacidad de cooptación de recursos institucionales por su anclaje en el poder económico. Para combatirlo necesitamos funcionarios y funcionarias judiciales comprometidos a dar batalla contra el narcotráfico en nuestra ciudad”.
La denuncia penal que impulsa la destitución del juez, recibió el apoyo de todo el arco político de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe mediante la aprobación de un proyecto con un explícito respaldo a la diputada socialista.
Por la misma causa fueron citados en el Consejo de la Magistratura, Emilio Lencina, exjefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Rosario y el exfiscal federal Marcelo Di Giovanni quien en 2013 pidió tres intervenciones telefónicas que Bailaque desestimó inicialmente y autorizó recién a los once meses.
También fueron convocados la exfiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren, quien
avaló el pedido de investigación al juez federal y los fiscales federales Diego Iglesias y Santiago Marquevich. También Luis Schiappa Pietra, uno de los fiscales de Santa Fe que solicitó en 2022 al Consejo de la Magistratura que evalúe el trabajo del juzgado a cargo de Bailaque.
