(Por Ignacio Mendoza de  Aire de Santa Fe) Un peritaje realizado por la Unidad de Investigación de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) determinó finalmente cómo se dio la intoxicación con plomo de menores y adultos que en septiembre del 2020 supieron ocupar, hasta en enero de este año, las instalaciones abandonadas de la exfábrica de baterías Nesaglo S.A. de la ciudad de Ceres.

El reciente estudio fue solicitado e incorporado a la causa que impulsa el fiscal federal de Rafaela, Gustavo Onel, que abrió una investigación luego de noticiarse de la contaminación ambiental que generó el predio en el cual hasta el 2017 funcionó una empresa que producía baterías de automotores.

El examen fue en base a una serie de muestras, que entre el 15 y 16 de marzo, fueron tomadas del predio ubicado en Tucumán y Larrea del barrio Las Américas; en inmediaciones del corredor ubicado en la ruta nacional 34, entre los kilómetros 384 y 394; y en los tanques de agua existentes en la Cooperativa de Servicios de Agua de Ceres.

Los peritajes en Ceres se llevaron a cabo en marzo durante el mes de marzo.

Contaminación por aire

La pericia, a la que tuvo acceso Aire Digital, reveló que la mayor presencia de plomo no se encontraba en el agua sino en las paredes y plantas del predio. “Si bien la ingesta de agua contaminada con plomo es una de las vías de entrada al organismo (humano) de este metal, esta no es la única; ya que también se puede tomar al aire como un vehículo para la contaminación”, destacó el informe.

Según determinaron los peritos, ese vehículo para la contaminación posibilitó a que el plomo se impregne en edificaciones y vegetales que luego fueron tocadas por los ocupantes del predio. Por esa razón, creen los investigadores, la intoxicación de los menores y adultos fue producto de la “inhalación y contacto físico”.

Durante el peritaje, los investigadores encontraron elementos industriales.

“La contaminación por el aire no tiene un alcance determinado, sino que está influenciado por factores climáticos como: lluvias, velocidad y dirección de los vientos; también influyen factores antropogénicos como la circulación de vehículos o personas. En este mismo sentido es dable destacar que también al respirar este supuesto aire contaminado se estaría introduciendo plomo al organismo”, precisó la pericia.

Peritaje clave

El informe de la Policía Federal fue incorporado a la investigación que encabeza Onel, que por un lado apunta a la contaminación ambiental, y por otro a la muerte de Xiomara Crespín, cuyo deceso inicialmente fue seguido por el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Martín Torres. El mismo, debió inhibirse de la pesquisa tras la intervención de la Justicia federal.

El delito que sigue el representante del Ministerio Público Fiscal pone el foco en la ley 24.051 que aborda la problemática de los residuos peligrosos y que tiene penas que parten de los tres años y pueden llegar hasta los 25 años de prisión efectiva.

A causa de la investigación, el predio donde funcionó Nesaglo se encuentra clausurado, de manera preventiva, por orden del juez federal Reinaldo Rodríguez que temporalmente está a cargo del Juzgado de la ciudad de Rafaela, en donde se instruye la causa.

Contaminados

El caso salió a luz tras el fallecimiento de Xiomara, de dos años, que tras intoxicarse con plomo debió ser trasladada desde Ceres hasta el Hospital de Niños de la capital provincial. La pequeña murió el 6 enero por el alto índice de envenenamiento que presentaba en su cuerpo: en total tenía 1,98 gramos de plomo en sangre cuando los valores normales pueden llegar hasta 0,3 gramos.

En paralelo a la muerte, otros dos niños también fueron internados en el efector provincial por tener síntomas similares. Todos, según establecieron los informes de laboratorio, tenían en su cuerpo considerables cantidades de plomo: 0,48 gr; 0,82 gr; y 0,23 gr.

Con el correr de los días, esas internaciones terminaron esclareciéndose. Es que los menores internados residían con sus familias desde septiembre del 2020 en las instalaciones de la exfábrica del barrio Las Américas que se encontraba abandonada desde el 2017 cuando la firma cerró sus puertas. Allí, quedaron dentro del predio distintos elementos industriales, entre ellos plomo, un metal altamente toxico.

El tema traspasó las fronteras de Ceres y generó la intervención de la Justicia federal que rápidamente abrió una pesquisa y a su vez ordenó la clausura del predio el 4 de febrero con personal de la Gendarmería Nacional.

En paralelo, unos días antes, el municipio de Ceres, emitió un decreto -el 25 de enero- en donde declaró al predio de la exfábrica como «zona no apta para ser habitada, por considerarse de riesgo ambiental y peligro sanitario».