Sequía: el Gobierno impulsa elevar el Fondo de Emergencia Agropecuaria a más de $15.000 millones

El Gobierno sigue de cerca la situación climática desfavorable que se plantea en el interior productivo, con una campaña agrícola que atraviesa por tercer año consecutivo un período de ausencia de precipitaciones. Complicado panorama para los cultivos de invierno, e incertidumbre para el maíz y la soja, y también sobre los futuros ingresos por las exportaciones, con una economía nacional tan debilitada que siempre necesita del aporte del campo.

Frente a este panorama, el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, durante su visita a 115ª edición de la Exposición Rural de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, aseguró que “es cierto que estamos en la tercera fase de una Niña consecutiva y las expectativas no son las mejores. Ojalá que como la meteorología no es una ciencia exacta esto pueda cambiar antes de tiempo. Está previsto que la fase 3 de La Niña llegue hasta diciembre y a partir de ahí se empiece a recomponer, pero de manera gradual, buscando una normalización hacia marzo o abril”.

A todo esto, el funcionario agregó que “la Ley de Emergencia Agropecuaria es una Ley que no es del todo eficiente, porque no es fácil la llegada de los fondos, que después tienen que ser incorporados al presupuesto provincial, están los organismos de control, pero indudablemente no llega en tiempo y en forma”. Este repaso por la realidad lo hizo reconocer que los “fondos asignados por Ley son insuficientes”, por lo tanto, anticipó un cambio que introdujo desde Agricultura en el monto disponible para 2023.

“Hay en el Presupuesto Nacional un incremento en las partidas que van a partir de la Ley 26.509 que es de Emergencia Agropecuaria, que todos sabemos que no llega en los mejores tiempos y formas, llega cuando por lo general el productor ya solucionó los problemas y los fondos son insuficientes”. Al momento de brindar detalles sobre lo que podría ser una mejora en las medidas, Bahillo señaló que “los fondos que preveía esta Ley, que son de $ 500 millones, nosotros le hemos asignado $ 3.290 millones al Programa 42, además de alrededor de $ 12.500 millones al Programa 43 de la Ley de Emergencia que hace a la previsión, prevención, mitigación y políticas de atención para los sectores que padecen la sequía”.

Coincidentemente, en enero pasado su antecesor, Julián Domínguez, había anunciado a pocos kilómetros de Rafaela que iba a elevar el total del Fondo de Emergencia Agropecuaria a los 12.500 millones de pesos, en medio de la que fue la semana más cruel con los cultivos y animales, sin lluvias y con temperaturas por sobre los 42 grados. Aquello permitió salir de los 500 millones anuales establecidos desde 2009, pero no llegó a la cifra mencionada y las ayudas en el territorio se terminaron de pagar hace algunas semanas, por lo tanto, entre poco y tarde no tuvieron el impacto esperado y prometido.

Iniciativa en Santa Fe

Bahillo, en su recorrida por la muestra de Rafaela y en contacto con los medios locales, explicó que para las futuras campañas agrícolas, “uno de los desafíos que tenemos es el desarrollo de un seguro para eventos climáticos, fundamentalmente para maíz y soja, para la región núcleo en un principio. Esto no quiere decir que después no abarque a más regiones. Queremos encontrar un producto de seguro que abarque a más de las 30 economías regionales, además de la región Pampeana y la región Centro”, el cual podría estar modelizado por un esquema vigente para maíz que ya existe en Entre Ríos.

La recorrida del Secretario de Agricultura por la mencionada exposición, contó con la compañía del ministro de la producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, quien está gestionando en la Legislatura provincial un proyecto para “estar a la vanguardia de esto y darle al productor tres herramientas clave. Una es la inserción de capital de trabajo, la segunda es la mitigación y la prevención; y la tercera es el estímulo de utilización de los seguros, tres herramientas que son sustanciales”. La intención del funcionario provincial es mejorar y agilizar la entrega de ayudas, que es el principal escollo ante cada Emergencia.

“El 70 por ciento de las empresas de la provincia de Santa Fe están sobre campos arrendados. Tenemos una Ley que no sólo es vetusta, sino que solamente pospone impuestos inmobiliarios que es el que beneficia al propietario de la tierra y no al que produce y arriesga, por lo tanto estamos buscando ser justos”. El oficialismo santafesino quiere tener un fondeo que pueda entregarse más ágilmente, el cual partiría del Impuesto Inmobiliario Rural, que después de la coparticipación primaria reservaría el 40 por ciento de esas divisas para generar un monto acumulable y rotarios, que se estima en la actualidad entre 1.500 y 2.000 millones de pesos anuales.