Alerta San Cristóbal: peligran 8 Agencias de Extensión Rural que dependen de la Experimental Rafaela del INTA

(FUENTE "Bichos de Campo)

Según el portal especializado "Bichos de Campo", uno de los mejor informados del país en materia agropecuaria, el plan de "modernización" surge de un "breve trabajo realizado por los ajustadores enviados por Juan Pazo -entre ellos Inés Liendo, una salteña que viene de despedir 900 personas del Instituto de la Agricultura Familiar-, comienza llena de buenas intenciones. Por caso, propone 'acordar estrategias' con las entidades del agro para llevar adelante la 'reorganización interna' y la necesaria 'revisión de programas, proyectos y actividades del INTA', en el contexto de un modelo 'basado en orden macroeconómico e inserción internacional' y con el objetivo de 'recuperar competitividad, rentabilidad y valor de exportaciones'".

Ajuste sin contemplaciones
El portal especializado describe los pasos del ajuste en lo referido a los cargos jerárquicos -incluso al personal técnico que integra la conducción del organismo y que fue seleccionado por concurso público, con participación de los mejores profesionales del país- y luego profundiza que lo peor es el ajuste hacia abajo.

"La aspiración del gobierno es reducir un 30% la dotación de personal actual del organismo, pasando de los 6.123 empelados en la actualidad (de los cuales 5.280 son planta permanente y 843 están en condiciones precarias de contratación) a solo 4.500 personas. En este planteo, entonces, se despedirán a 780 personas, aunque se mantendrá la dotación actual de 300 becarios. Curiosamente el gobierno plantea aumentar en el mismo lapso de 100 a 106 la cantidad de contratos ArgeInta, que suelen ser discrecionales", revela Bichos de Campo, que reproduce el contenido del informe de los funcionarios ajustadores.

¿Y qué áreas cerrarán para poder deshacerse del grueso del personal?, se preguntan los colegas de "Bichos de Campo". "Este es uno de los puntos que más rechazo recogió de las entidades rurales, pues el plan oficial planteaba “cerrar” las 299 agencias de extensión rural que tiene el organismo, pasando 1.258 personas a disponibilidad 'para ser evaluada su continuidad'. Y lo mismo sucederá con los IPAF, que son institutos específicos dedicados a transferir tecnologías para los pequeños productores.

De esta manera, de prosperar finalmente esta propuesta, el INTA abandonaría casi por completo una de sus tareas fundamentales, que es la extensión rural o el servir de polea para que las investigaciones que realizan lleguen a su supuesto beneficiario, que es el productor.

El impacto en la Experimental Rafaela
De avanzar en esa dirección, la Estación Experimental Rafaela debería cerrar sus ocho Agencias de Extensión Rural: Ceres, San Cristóbal, Carlos Pellegrini, Castellanos (con sede en Rafaela), Esperanza, Gálvez, Monte Vera y San Justo.

En la motosierra también caerían el Centro Operativo Ángel Gallardo; y las oficinas de información técnica de Coronda y Santa Rosa de Calchines.

La Experimental Rafaela del INTA, reconocida a nivel nacional como el INTA Lechero (por su fuerte posicionamiento como líder en desarrollos productivos para el sector tambero) se dedica a la investigación y el desarrollo territorial, basados en la sustentabilidad ambiental y la equidad social de los diversos actores del territorio.

Sus capacidades actuales abarcan áreas de evaluación y gestión de recursos naturales, manejo de cultivos, gestión de sistemas productivos, salud animal y vegetal, producciones intensivas, agroindustria, valor agregado, extensión rural y comunicación.

La infraestructura de servicios incluye seis laboratorios (microbiología, parasitología, inmunología y zoonosis; calidad de leche y agroindustria; suelos y agua; forrajes y miel); dos campos experimentales, cuatro tambos, tres invernáculos, cinco apiarios, rodeos de bovinos de leche y de carne, un campo anexo experimental para la producción hortícola y una incubadora de empresas biotecnológicas.

No sólo peligra la continuidad de todo este entramado institucional de sostén a las producciones primarias y a la industrialización de las materias primas generadas en el campo, sino también la propia integridad territorial de la Estación, ya que el gobierno sigue teniendo en carpeta la venta de más de 450 hectáreas que forman cerca del 90% de la superficie total de la EEA.