La Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe alerta que la situación laboral se encuentra al borde del colapso y plantea que las autoridades municipales y provinciales deben asumir la responsabilidad por los conflictos inminentes. Sin paritaria, sin diálogo social, comienzan a generarse situaciones de tensión innecesarias que derivan, indefectiblemente, en conflictos laborales surgidos, lamentablemente, en el marco de la pandemia planetaria y el desastre epidemiológico del dengue.

El gremio municipal y comunal, junto a otros sectores de trabajadores esenciales, señala que ellos constituyen la garantía para la aplicación de las políticas públicas sanitarias y las medidas de seguridad durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, como también la atención a la población de cada una de las localidades, en el marco de la pandemia por coronavirus y la epidemia del dengue.

“El nivel de agresión y maltrato laboral que se vive en varios municipios de la provincia resultan inmorales, reñidas con la ética pública y la solidaridad social”, aseguró el secretario general de Festram, Claudio Leoni.

“El deterioro del poder adquisitivo del salario, que se encuentra congelado a valores de diciembre del 2019 (9,4 por ciento acumulado IPC), se agudiza con un alto nivel de incertidumbre para percibir los sueldos, con municipios que aún adeudan la totalidad del mes de abril. Insólitamente son estos trabajadores y trabajadoras quienes tienen la responsabilidad de controlar los precios en los comercios de sus localidades, lo que aparece como inverosímil, frente al alza especulativa de los alimentos”, dijo.

La Festram señala que no conformes con el incumplimiento de las obligaciones salariales, se han rebuscado interpretaciones legales para evadir las decisiones presidenciales de necesidad y urgencia, tomadas en la pandemia. Así, hay muchos municipios que aprovechan las restricciones de la actividad sindical para “recortar el sueldo de los trabajadores, reduciendo entre un 30 y 40 por ciento sus ingresos”. Estas situaciones se produjeron en las Municipalidades de Rufino, San Carlos Centro, Las Rosas, Firmat, Gálvez, Avellaneda, San Cristóbal, Esperanza, Correa y en numerosas comunas.

La Festram dice que las reducciones salariales se utilizan de excusa para no efectivizar a los trabajadores esenciales el bono de 3.000 pesos, cuyos recursos ya fueron transferidos en el Fondo Covid.

El gremio asegura que el cumplimento de los protocolos en municipios y comunas es anárquico. Y que mientras se disputa la adhesión de la provincia a la ley de las ART, éstas mantienen una ausencia total de sus responsabilidades en los lugares de trabajo, y en muchos casos son responsables de las condiciones de salubridad lamentables. A la vez, las administraciones no proveen de los elementos de seguridad e higiene.

A este panorama -agrega- se le suma los despidos masivos de trabajadores informales, como ocurrió en el municipio de Villa Constitución. Además se utilizan trabajadores precarizados sin cobertura de riesgo de trabajo, seguros, obra social y salarios mínimos.

También exige reunirse con los intendentes y el gobierno provincial, para despejar la incertidumbre provocada por la falta de información en la transferencia de recursos a Municipios y Comunas, garantizar el pago de haberes y del sueldo anual complementario, asegurar el pago del bono de 3.000 pesos para los trabajadores afectados a la pandemia, impedir las reducciones salariales y unificar los protocolos de salud, social y laboral.