El pasado 24 de marzo, personal policial se hizo presente en el domicilio particular de la intendente Romina López, para ponerla en conocimiento del inicio de actuaciones judiciales. Seguidamente, de modo intimidatorio y violento procuraron trasladarla a los efectos de realizar una audiencia ese mismo día, sin contar con garantías mínimas, vaciando de ese modo el procedimiento y atentando contra las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio. Situaciones que no se pueden tolerar en un estado de derecho, justamente el día que los argentinos ratificamos el derecho al libre pensamiento, la verdad, la justicia y la democracia, siendo estos, degradados mediante este accionar.
Finalmente apelamos al sentido común de quienes tienen la responsabilidad de implantar justicia, para que investiguen lo sucedido, cuidando la salud de la intendente quien se encuentra embarazada, y resguardar su núcleo familiar.