Por Ramiro Muñoz
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrá que resolver quien quedará a cargo de la causa que investiga a una funcionaria provincial y una exdirectiva de una fábrica de baterías de autos por la intoxicación de 21 personas en la ciudad de Ceres, en el límite con la provincia de Santiago del Estero.
El análisis del máximo tribunal surgió a partir de que en noviembre del 2021 el entonces juez federal de Rafaela, Reinaldo Rodríguez (por pedido del fiscal Gustavo Onel) declaró la incompetencia del caso y remitió las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación de San Cristóbal. Sin embargo, desde ese organismo judicial, la fiscal Silvina Verney solicitó al juez Gabriel Peralta que declare la incompetencia del caso. Finalmente, luego de analizar los nueve cuerpos que tiene el expediente, el magistrado resolvió devolverle la causa al Juzgado federal de Rafaela.
Al recibir otra vez el expediente, el fiscal federal pidió que el conflicto entre ambos fueros sea zanjado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y defina quien debe seguir al frente de la pesquisa judicial.
Indagados
Por la causa fue indagada la actual subdirectora de auditorías ambientales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, Mónica Mabel Ucero, y quien figuró como última directiva de la firma Nesaglo S.A., Norma Inés Orellano, cuyo predio abandonado fue ocupado por el grupo de personas que se intoxicó con plomo en septiembre del 2019. Recientemente, y si bien existe el planteo de competencia que debe resolver la Corte, el fiscal Onel pidió al juez ahora a cargo del juzgado (Carlos Villafuerte Ruzo) que procese, sin prisión preventiva, a Ucero y Orellano por infracción a la ley 24.051 de residuos peligrosos. En el caso de Ucero, el fiscal la acusó de haber permitido, por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, la contaminación con plomo en las instalaciones del predio donde funcionó la fábrica de baterías ubicada en Tucumán y Larrea del barrio Las Américas. Dichos cargos fueron atribuidos cuando la funcionaria, según la hipótesis de la Fiscalía, ejercía el cargo de Directora General de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe.
La imputación también apuntó a que la funcionaria intimó a la empresa, cuando cerró sus puertas en 2017, para que lleve a cabo el “plan de cierre” contemplado en los artículos 24 y 25 del decreto provincial N°1844/02, que regulan a las empresas que manipularon metales o residuos industriales y luego cerraron sus puertas. En el caso de Orellano, fue indagada por la contaminación con plomo -por impericia en el propio arte o profesión- del agua, el suelo, elementos vegetales u otros elementos sólidos del predio en donde hasta 2017 funcionó la fábrica de baterías y el cual, en 2019, fue ocupado ilegalmente por un grupo de familias.
Intoxicados
La causa reveló que, por esa ocupación, un total de 21 personas se intoxicaron con plomo. Entre ellas, la nena Xiomara Crespín (de dos años) que a raíz de la contaminación debió ser trasladada al hospital de niños Orlando Alassia en donde falleció el 31 de diciembre del 2019 por tener 1,98 gramos de plomo en sangre.
La misma situación se dio, sin un resultado fatal, con otros tres niños que también debieron ser trasladados desde Ceres hasta Santa Fe porque tenían considerables cantidades de plomo: 0,48 gr; 0,82 gr; y 0,23 gr. Al salir el caso a la luz, el fiscal Onel inició una investigación de oficio sobre lo sucedido en el predio y mediante un estudio realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) estableció que la mayor presencia de plomo no se encontraba en el agua sino en las paredes y plantas del predio por lo que se estima que la intoxicación se dio “inhalación y contacto físico”.
Aire de Santa Fe
