Las fuerzas de seguridad desalojaron a los bolsonaristas en Brasilia. Trasladaron a los seguidores del ex presidente que permanecían reunidos frente al cuartel general del Ejército, en cumplimiento con la orden del Supremo Tribunal para despejar la zona.
Actualidad 09/01/2023
Carlos Lucero
Al menos 1.200 personas fueron detenidas por la Policía Federal frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, según informó Globo tras el inicio de los operativos para desalojar los campamentos bolsonaristas.
Los simpatizantes del ex mandatario están siendo trasladados a la sede de la Policía Federal en al menos 40 autobuses, según el periódico brasileño.
El Supremo Tribunal había dado un plazo de 24 horas a las fuerzas de seguridad para que desalojen las concentraciones de los grupos que en la víspera asaltaron los edificios de los poderes del Estado.
Esta mañana, la Policía les dio un plazo de una hora para sean transportados por voluntad propia, tras lo cual la mayoría de los bolsonaristas desmontaron pacíficamente el campamento.
El día después de la devastación
Luego de un domingo negro marcado por el intento de golpe de estado, las investigaciones comienzan a buscar responsables y el entramado de un plan que no logró su objetivo.
Tras la devastación de Brasilia, ahora es el turno de las preguntas. Y la que ahora rebota de un gabinete a otro del gobierno Lula es una. ¿Cómo es posible que, a pesar de las decenas de autobuses llegados ayer por la mañana a la capital desde todos los lugares del país, nadie planteara la cuestión de un posible riesgo para la seguridad de la ciudad y sus edificios institucionales? ¿No habían bastado los violentos enfrentamientos del pasado 12 de septiembre, de nuevo en Brasilia, donde los bolsonaristas quemaron coches e intentaron invadir el edificio de la Policía Federal, para dar la voz de alarma? ¿Y el intento de atentado en el aeropuerto unas horas antes de la ceremonia de investidura del nuevo presidente? Por no hablar de las protestas desde la victoria de Lula frente a cuarteles no sólo en Brasilia que se han convertido en guarniciones permanentes pidiendo un golpe militar.
El ministro de la Secretaría de Comunicación Social de Brasil, Paulo Pimenta, denunció el robo de armas de fuego de la sala del Gabinete de Seguridad Institucional del Palacio del Planalto durante el asalto protagonizado por los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.
“Cada uno de esos maletines tiene armas, armas letales y armas no letales que se han llevado”, denunció Pimenta en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que se puede ver esos maletines vacíos.
Pimenta contó que intentaron prender fuego a una de estas salas e insistió en el robo perpetrado por los “criminales” que irrumpieron en la sede del Poder Ejecutivo de Brasil. “Un crimen más cometidos por los enemigos de la democracia”.
En el asalto al Palacio del Planalto, los seguidores de Bolsonaro arramblaron y destruyeron el despacho de la primera dama, Rosangela ‘Janja’ Silva, y del ministro Pimenta, no así con el de Lula, que cuenta con seguridad adicional. “La sala del presidente Lula tiene un cristal más grueso (...) tiene barreras. Ha quedado aislada, como si fuese un acuario. Han logrado destruir la oficina de ‘Janja’”, dijo el ministro Pimenta.
Por su parte, el titular de la Secretaría Nacional del Consumidor, Wadih Damous, alertó que los responsables de ese robo “tenían información de lo que tenían que llevarse” de esa sala. “Se hicieron con armas, documentos y munición”, dijo.
Solicitarán el incremento del Valor Agregado de Distribución (VAD), que se sumará al aumento pedido por Cammesa a nivel nacional. El aumento regirá desde marzo.
En un breve video difundido a través de las redes sociales, se escucha a Milei destacar "la legítima defensa de Israel" respecto de "los terroristas de Hamas".
En la localidad se realizó la inauguración de obras de pavimento e iluminación y la presentación de un camión volcador 0KM y un regador. Además, se llevó a cabo una reunión definitoria por la Copa de Fútbol Departamento San Cristóbal.
El proyecto de ley, presentado originalmente en 2022 por Julio Cobos, propone retrasar 60 minutos el huso horario nacional durante los meses de otoño e invierno. Ayer fue elevado al Congreso para su tratamiento.
La Secretaría de Trabajo habilitó videoconferencias paralelas con empresarios y sindicatos, lo cual fue cuestionado por los trabajadores. La CGT pidió una suba del 85% para llevar el mínimo de $156.000 a $288.600.
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El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, criticó que "se busca trasladar a Iapos lo que no se pudo concretar con las prepagas".
La paritaria municipal pasó a cuarto intermedio.
Definieron como "compleja" la realidad de los frigoríficos dedicados al mercado interno. El consumo en el primer trimestre del año fue el menor desde 2008.
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