El juez federal Julián Ercolini ordenó las primeras medidas de prueba en la causa en la que se investiga si fue legal que el Banco Nación le permitiera al grupo cerealero Vicentin acumular una deuda de 18.500 millones de pesos en contra de las normativas que rigen la actividad de la principal entidad bancaria del país.

 En esa causa fueron imputados por el fiscal Gerardo Pollicita, el último presidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier González Fraga, además de Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, ejecutivos de Vicentin.

 El fiscal en su imputación había pedido varias medidas de prueba. Hasta ahora Ercolini ordenó algunas. Además de pedirle al Nación el informe de Lozano, el juez le solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos, información detallada de la cerealera Vicentin y de todas sus empresas vinculadas.

 Requirió Ercolini que el Banco Central de la República Argentina envíe información relacionada con el caso al juzgado y también pidió la documentación sobre el concurso preventivo de la empresa Vicentin. Ese expediente está radicado en el Juzgado de Primera Instancia Distrito n° 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista, provincia de Santa Fe.

 La controversia se inició cuando a principios de diciembre de 2019 -cerca del cambio de gobierno- la firma Vicentin informó que había entrado en un proceso de "reestructuración de pagos" a partir de una situación de "estrés financiero". La principal aceitera de Santa Fe y una de las más grandes del país anunciaba que había entrado en cesación de pagos con una deuda bancaria total de poco más de $23.500 millones.

 Luego se estableció que del total de la deuda, $18.500 millones corresponden a créditos otorgados por el Banco Nación. Eso generó críticas a la conducción del radical González Fraga en el Banco Nación, ya que ese monto superaría los límites establecidos por la normativa bancaria y representa más del 20% del patrimonio computable de la entidad.

 La denuncia fue hecha por el ex diputado, economista y dirigente de Unidad Popular Claudio Lozano, quien fue designado director del Banco Nación por el gobierno de Alberto Fernández.

 El juez -según explicaron fuentes judiciales- pidió al Banco Nación el informe hecho por Lozano ya que no forma parte del expediente. Cuando Pollicita imputó a González Fraga y a los ejecutivos de Vicentin, tomó el informe de la página web de Unión Popular.

 Al respecto, el informe de Lozano señalaba que: "En el proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentin con el Banco Nación superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas. Sin embargo y sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco. Fue una decisión que corrió bajo la responsabilidad de las Gerencias a cargo. Es decir las autoridades políticas del banco en la gestión anterior no quisieron dejar huellas respecto a esta decisión".

Con la imputación del fiscal Pollicita y las primeras medidas ordenadas por el juez Ercolini se empezó a mover una causa judicial en la que se puede llegar a determinar si el Banco Nación durante la gestión de Cambiemos favoreció con condiciones laxas a Vicentin, la empresa que más dinero aportó para la campaña presidencial de Mauricio Macri.

Fuente: Infobae