Carlos Lucero
El conflicto suscitado en dicha ciudad por la ocupación de tierras y la forma en que el mismo ha sido manejado por el Ministerio Público de la Acusación, es una clara demostración de autoritarismo y de generar violencia ante un hecho de enorme complejidad como lo es el derecho a la tierra y a una vivienda digna.
Los procedimientos del MPA no asumiendo mínimas condiciones de respeto a las personas, incluidos niños; la irrupción de personajes políticos ligados a Cambiemos, y la falta de una política en la materia de la propia Municipalidad y desde hace años del Estado provincial, han confluido en el desborde y mal manejo de esta situación, siendo los trabajadores y trabajadores municipales quienes, en repetidas ocasiones, deben ser parte de situaciones sobre las cuales no son consultados ni tienen poder de decisión, pero sin embargo afrontan la tarea de buscar consensos, y construir canales de diálogo.
Tipificar una toma de tierras como un delito sin conocer historias, contextos, políticas y realidades familiares y personales, plantea un escenario de conflicto, aún antes de que el mismo se presente. Urgimos por lo tanto, al Estado Municipal y al Gobierno de la Provincia de Santa Fe a adoptar medidas que descompriman la situación y a elaborar una estrategia integral para abordar la problemática del hábitat en todo nuestro territorio.
