Se reunió en Santa Fe el Encuentro Provincial por los Derechos Humanos, que nuclea desde 2019 a las organizaciones locales que trabajan por Memoria, Verdad y Justicia y la plena vigencia de los derechos humanos.
Mas Secciones - Informe especial10 de diciembre de 2024
El Departamental
Estuvieron presentes San Cristóbal, Reconquista, Santa Fe, Granadero Baigorria, Rosario (APDH, HIJOS, Nietes), Funes y Pérez. Adhirieron también las organizaciones de Rafaela, San Lorenzo, Venado Tuerto, Villa Gobernador Gálvez, Cañada de Gómez y Firmat.
En las deliberaciones sobre la evaluación de la realidad provincial se ha manifestado la profunda preocupación por la represión creciente que vienen ejerciendo las fuerzas de seguridad en el ámbito provincial, así como de otros retrocesos institucionales. Acciones que no tienen como blanco a delincuentes ni a bandas de narcotraficantes, que siguen sin obstáculo alguno con su comercio criminal, sino que está dirigido contra fuerzas políticas opositoras, movimientos sociales, jóvenes y sectores más vulnerables o docentes que reclaman pacíficamente frente al despojo de sus derechos.
Este accionar está en sintonía con las políticas nacionales basadas en el “protocolo Bullrich” y la represión contra la legítima protesta social, sumado a la violencia verbal permanente que luego se va transformando en violencia física, ya sea estatal, para estatal o social. Situación que afecta gravemente el Estado de Derecho y la Democracia, y que está dirigida a la imposición de un modelo económico de hambre, exclusión, precarización laboral, crueldad, destrucción de la Universidad Pública y del Sistema Científico Tecnológico, y entrega de nuestro patrimonio nacional.
Como parte de la degradación institucional que se observan en la provincia, hay que contabilizar el decreto 659/2024, que otorga mayores atribuciones al Ejecutivo para la Designación de Jueces y Fiscales, en detrimento de la institución del concurso de antecedentes y entrevista pública, así como la propuesta de la llamada “Ley Luciano”, que busca despenalizar el gatillo fácil para que la policía ejecute a posibles delincuentes, basado en argumentos de “stress” y “adrenalina”, y la reforma al Código Procesal Penal, que favorece la arbitrariedad y la persecusión política y la próxima habilitación del uso de pistolas de choque eléctrico (Taser) por la policía.
Detenciones de militantes en Rosario, Santa Fe y Casilda que realizaban actos de propaganda; detenciones de personas que salieron en defensa de jóvenes pobres hostigados por la policía; Hostigamiento policial a alumnos secundarios en Rosario; allanamientos y detenciones a dirigentes sindicales que protestaron contra la reforma previsional; detención de pibes del barrio Qom de Rosario que practicaban Rap y Hip Hop, a lo que hay que sumarle centenares de casos de maltrato hacia jóvenes de barrios pobres, que en muchos casos son llevados en camioneta a seccionales policiales y golpeados. Su objetivo no puede ser otro que amedrentar para neutralizar el desarrollo de organizaciones sociales y políticas que defienden los derechos de los más humildes y cuestionan el modelo económico dominante.
A 41 años de aquel esperanzador 10 de diciembre de 1983 y con profunda preocupación por la posible deriva de esta degradación, sumado al creciente autoritarismo y crueldad, hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas a actuar con profundo compromiso por la defensa y recuperación de una democracia plena como soñamos todos los argentinos y argentinas hermanados aquel 10 de diciembre de 1983.
Y solicitamos la adhesión de la provincia a la Ley 26827 de Prevención de Tortura y que se cree el mecanismo local, como ya se reclama desde hace muchos años y al Ministro de Justicia y Seguridad que esclarezca los hechos mencionados y revierta las políticas que representan un grave retroceso en el campo de los Derechos Humanos y la institucionalidad democrática.
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