Carlos Lucero
La ANDIS está en el centro de la polémica y de una intensa investigación judicial tras los audios que se hicieron públicos donde su ex titular, Diego Spagnuolo, describe un mecanismo de retornos por la compra de medicamentos, que involucra también a altos funcionarios del Gobierno. Por el escándalo, el organismo fue intervenido y el funcionamiento de la Agencia que debe atender al sector más vulnerable de la población se ve afectado aún más desde que empezó esta gestión.
Son los trabajadores/as quienes han sostenido las políticas en esta área, a pesar de los despidos producidos entre 2023 y 2024 en la provincia de Santa Fe y del cierre de oficinas en ciudades como Vera y Reconquista. Estas medidas perjudicaron tanto a los empleados/as como a las personas con discapacidad, principales destinatarias de las políticas públicas.
* La reincorporación de los agentes cesanteados en Santa Fe, Reconquista, Vera y Rosario.
* La validación de concursos para el personal con más de 15 años de antigüedad, con orden de mérito publicado en la Resolución RESOL-2023-518-APN-SGYEP#JGM, actualmente paralizada.
* La recategorización del personal, conforme al Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública.
Así también, expresamos nuestra preocupación por la forma en que se implementó la auditoría de las pensiones no contributivas, ya que algunos/as beneficiarios/as no recibieron a tiempo la notificación para sus turnos y se procedió a suspender sus prestaciones (alrededor de 100.000), lo que generó situaciones muy complejas que atentan contra sus derechos y evidencian la peor cara de la crueldad.
Finalmente, exigimos al Gobierno Nacional el cese de la estigmatización hacia los/as trabajadores/as, las personas con discapacidad y las y los jubilados.
