Piden que se apruebe la ley de emergencia en discapacidad

La acción pública tiene como objetivo “visibilizar” y “exigir” la atención a esta problemática, y reconocer que la discapacidad está en emergencia. Se dará en coincidencia con un plenario de comisiones previsto en la Cámara de Diputados, para ese mediodía del miércoles, para tratar el proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, en todo el territorio nacional.

En Rosario, hoy se realiza una jornada de visualización en la que participan personas con discapacidad, familiares, instituciones y transportistas, entre otros sectores afectados por el ajuste. Convocan a sumarse y a reclamar que se apruebe de manera urgente esta ley “para garantizar los derechos de las personas con discapacidad”, tal como expresan desde la Asociación El Limonero.

Entre las organizaciones que estarán presentes en la manifestación del miércoles 23, al mediodía, frente al Congreso de la Nación, se encuentran agrupaciones que nuclean distintos tipos de discapacidad y también ex trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) despedidos durante el actual gobierno y que aseguran que esta gestión impulsa “una campaña de desprestigio” hacia la Agencia y hacia las personas que deberían contener.

Uno de los problemas más importantes que deben enfrentar son las auditorías, tanto para asistencia como para pensiones; muchos de los que deberían ser los beneficiarios sostienen que el Gobierno Nacional pone trabas en la documentación con el fin de “sacarles la pensión que es el 70% de una jubilación mínima”.

Fuentes cercanas al organismo público -según señaló la Agencia Noticias Argentinas– sostuvieron que la Andis “debería garantizar los derechos y las políticas públicas para personas con discapacidad”, sin embargo, “no se hace porque no se quiere hacer”: “Es triste y frustrante”, expresaron. “En este Gobierno, y quienes somos personas con discapacidad, padecemos la falta de políticas públicas hacia la garantía de derechos y a las mejoras en la calidad de nuestras vidas. Esta gestión va en detrimento de todo eso”, concluyeron.

En Diputados
“La situación de las personas con discapacidad es muy crítica, hay un maltrato institucional y económico que no se puede seguir tolerando”, señaló Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, y en declaraciones que reproduce Tiempo Argentino.

La propuesta ya tiene dictamen de las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud Pública. En la última sesión de la Cámara baja, realizada el 8 de abril, se votó un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto, la última instancia que debe tratar el proyecto. De lograrse dictamen en el plenario del miércoles 23, la Emergencia en Discapacidad será elevada al recinto. La semana pasada hubo movilizaciones en Plaza de Mayo y en distintas plazas de todo el país, impulsadas por familias y trabajadores del sector. Reclaman por el congelamiento de aranceles desde julio de 2024, la demora en autorizaciones de tratamientos y la falta de altas en el programa Incluir Salud.

“El Gobierno nacional parece haber elegido a las personas con discapacidad como uno de los principales responsables del gasto público y eso las vuelve víctimas de ataques permanentes. Al mismo tiempo, puso en marcha un ajuste presupuestario muy fuerte que deja a las instituciones que prestan servicios al borde del colapso”, explicó Arroyo.

El diputado también brindó ejemplos concretos del deterioro del sistema. Las personas que trabajan en talleres protegidos cobrando 28 mil pesos por mes y no cobraron aún enero, febrero y marzo de 2025, según reconoció la Jefatura de Gabinete en el informe que presentó la semana pasada en el Congreso. Por su parte, los transportistas no pueden cubrir el costo del combustible; y los acompañantes pedagógicos tardan más de 180 días en cobrar sueldos irrisorios.

Además, denunció la implementación de una resolución gubernamental que intenta volver a un esquema de pensiones “de hace 100 años” y el uso de expresiones ofensivas hacia personas con discapacidad. “La ley de Emergencia en Discapacidad daría prioridad presupuestaria al sector y no implicaría un aumento del gasto público, ya que obliga al Gobierno a reasignar partidas desde otras áreas no esenciales. Necesitamos que el Congreso esté a la altura y que la Emergencia en Discapacidad muy pronto sea ley”, afirmó Arroyo.

Además de la emergencia, el proyecto propone medidas de protección y promoción de derechos para las personas de este colectivo. También contempla el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas; el fortalecimiento de los prestadores básicos; que se garantice el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); y que se sostenga el cupo laboral para personas con discapacidad.