
31 años del atentado a la AMIA: "La impunidad sigue, el terrorismo también"
Se cumplen 31 años de uno de los ataques más graves ocurridos en la historia reciente del país y las consecuencias humanas del atentado a la AMIA fueron devastadoras.
En lo que va del 2020 se registraron 97 femicidios en todo el país y aumentaron la cantidad de denuncias en el aislamiento obligatorio por el coronavirus ya que “el mayor lugar de peligrosidad para la víctima es su domicilio”, informó el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Mas Secciones - Sociedad29 de abril de 2020“El Observatorio registró hasta el día de hoy un total de 97 casos de femicidio, de los cuales 10 corresponden a femicidios vinculados, 2 personas trans y 2 suicidios feminicidas”, informó la Defensoría.
De la investigación surgió que las provincias que registraron mayor cantidad de casos son Buenos Aires con 35 (incluye 2 en CABA), en Santa Fe 12, Tucumán 7, Córdoba y Santa Cruz 6 casos respectivamente, Misiones 5 y Jujuy 4 casos, se especificó.
“El 38,4% de los asesinatos fueron cometidos por parejas/esposos, el 25,3% por ex parejas, el 11,1% por desconocidos y el 31,3% incluye a padres, padrastros, tíos, hijos y nietos. El lugar de mayor peligrosidad para la víctima es su domicilio o el domicilio compartido con el victimario”, aseguraron.
En base a la medición elaborada por el Observatorio, durante los últimos cuatro años se reflejó un número similar de casos entre los meses de enero a abril, con un resultado de 110 femicidios en el 2017, 95 en 2018, 94 en 2019 y 97 en el 2020, teniendo en cuenta que aún hay casos del período actual que se encuentran en investigación.
“Si bien la cantidad de femicidios se mantuvo a lo largo de estos años, se pudo observar un destacado incremento en la cantidad de denuncias efectuadas por mujeres en riesgo de violencia desde el período que comenzó el aislamiento preventivo”, alertaron.
Desde la Defensoría aseguraron que debe haber un efectivo cumplimiento de la Ley Micaela para todas las personas que integran los tres poderes del Estado y una “necesaria y urgente” implementación de la Ley de Educación Sexual Integral a nivel nacional.
“El cumplimiento de estas leyes permitirá encarar desde los distintos niveles etarios una problemática basada en una situación de desigualdad que históricamente ha priorizado al hombre en desmedro de la vida de la mujer”, aseveraron.
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